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COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La historia del terreno ubicado en forma contigua a las obras del “Shopping Costanera” (lote 2 de la manzana 61-A), objeto de una investigación judicial de un juez capitalino por presuntas maniobras de lavado de dinero entre Cristóbal López y Lázaro Báez, involucra una serie de operaciones inmobiliarias que en sus inicios, 20 años atrás, tuvo como partícipe a un exgobernador de la provincia y quien reemplazó al entonces destituido Néstor Perl, como lo es Fernando Cosentino.

Tras dos décadas de pasar por diferentes manos, fue Báez quien en 2011 -cuando era todavía intendente Néstor Di Pierro- adquirió el valioso terreno a valor fiscal y a cambio de la promesa de una obra pública mínima: la pavimentación de algunas calles linderas. Finalmente, fue en 2014 cuando se cerró la operación hoy investigada entre los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López. Fue éste último quien quedó como propietario del terreno donde proyectaba construir un edificio de departamentos y además una sede del desaparecido banco Finansud.

Pero la historia de las polémicas tierras se remonta 20 años atrás e involucran a actores políticos de aquel momento. Fue la empresa Servicio Integral Alem -propiedad de Cosentino- la que adquirió el terreno en el año 1998 a precio de fomento en base a su valuación fiscal, que terminó con los años  valuado en un millón de dólares y en manos de Inversora m&s.

ADNSUR contactó a fuentes cercanas a los diferentes referentes en juego y del entorno del propio Cristóbal López, para cotejar su versión de los hechos en torno a la acusación por la maniobra de lavado, que investiga el juez Sebastián Ramos a partir de una denuncia penal de la diputada nacional Margarita Stolbizer. Tratándose de un terreno ubicado en pleno centro de Comodoro Rivadavia y con procedimientos judiciales reiterados, esta agencia pudo reconstruir parte de la historia de la valiosa propiedad.

En el año 1998, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia emitió la resolución 1699/98, por la que otorgó en venta a Servicio Integral Alem –SIA- el lote 2 de manzana 61-A (conocido como “playa sur”, ubicado sobre avenida Yrigoyen y detrás de lo que luego se iniciarían las obras del “shopping” y “Estadio del Centenario”, ambas a cargo de CPC y hoy paralizadas). La empresa, integrada por entonces por Fernando Cosentino y Enrique García, apuntaba a instalar en esa zona una estación de servicio o centro de reparación de tren delantero de vehículos.

Dicho proyecto nunca se ejecutó, mientras que el valor de la compra del terreno, en base a la valuación fiscal (que según consignan distintas fuentes, habría sido de 800.000 pesos a valores de hoy) habría sido cancelada en un 50% en esa primera etapa.

Años después, en 2004, apareció en escena Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez. Esta firma compró SIA y se presentó al municipio con una propuesta para cancelar el 50% del valor fiscal que aún estaba pendiente sobre el terreno, mediante la ejecución de una obra pública mínima: concretamente, la pavimentación de algunas calles que, una vez ejecutadas, fueron aceptadas como compensación de la deuda sobre el terreno. El convenio de cancelación se celebró el 6 de diciembre del año 2011.

La frutilla del postre para este negocio inmobiliario –que comienza con un lote ubicado en pleno centro, vendido a “precio fiscal” para una inversión que nunca se concretó- se terminaría de redondear el 11 de julio de 2014, cuando los nuevos dueños de SIA vendieron el mismo lote 2 de la manzana 61-A en 1 millón de dólares a favor de Inversora M&S S.A (IMSA), de Cristóbal López. Al momento de la firma del boleto se cancelaron 600.000 dólares, mientras que la diferencia hoy está en juicio.

Proyectos sobre un terreno que nadie terminó de pagar

El proyecto de IMSA, de López, era construir un edificio de 12 pisos, con oficinas comerciales y una sede para el banco Finansud. “Una cosa es el precio por el que la comuna vendió hace años y otro es el valor de mercado –reconocen desde el entorno de IMSA-. Para Inversora el inmueble valía más que para cualquier otra persona, ya que el mismo está ubicado colindante al complejo donde se construía el Centro Comercial (shopping, hipermercado, etc)”.

Incluso, admiten, el terreno tenía un valor más alto aún, salvo que tenía un problema “que fue ocultado por los vendedores”. En efecto, el problema fue que cuando SIA vendió sus cuotas a Austral Construcciones, el inmueble en cuestión era un “activo excluido”, es decir que no entraba en la operación, siempre que el municipio terminara de concretar la transferencia del terreno a sus dueños originales (lo que no había ocurrido, porque no terminó de pagar el precio pactado, aun cuando era una valuación fiscal).

En concreto, una demanda civil reconoce que el terreno debía volver a propiedad de Fernando Cosentino, aunque el municipio luego avanzó en reconocer la titularidad del terreno a favor de IMSA, de lo que surge otra disputa administrativa.

“En la denuncia de Stolbizer no se advierte cual es la maniobra de lavado ni tampoco surge cuál es el delito –sostienen desde la  IMSA-, más allá de los juicios civiles que hay”, por un lado, entre los vendedores y compradores de SIA y por otro, entre estos y la inversora que no terminó de pagarles el terreno hasta que se defina si tienen o no el título para concretar la operatoria. Incluso van más allá y aventuran que la mediática denuncia fue promovida por quienes quieren recuperar el lote, aprovechando la investigación por evasión que involucra a López.

Queda claro también que en los allanamientos realizados, el municipio no tenía vinculación respecto del presunto delito investigado, más allá de que pueda cuestionarse hoy si fue un negocio ceder un terreno de esas características a precios de fomento 20 años atrás. Con la lupa puesta sobre la operación que cerraron dos empresarios kirchneristas, la justicia determinará si la red de intercambios y negocios también alcanzó a Comodoro Rivadavia.

Autor: ADN Sur

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