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Imputarían a empresarios por administración fraudulenta y cohecho debido a supuestos retornos de la obra pública

El Caso Correa podría llegar a desnudar un complejo entramado en el manejo de la obra pública que complicaría a varios empresarios y ex funcionarios del Gobierno provincial.

Las derivaciones de la causa «El Embrujo» están avanzando a paso firme, y los investigadores tendrían apuntados a un núcleo de empresarios que sospechan formaría parte un aceitado «mecanismo», dijo una fuente. Las imputaciones que se manejan en la investigación preliminar son por «cohecho» y «administración fraudulenta».

Sospechan de una «matriz de corrupción que va más allá del Caso Correa y en algún punto se vincula», dijo una alta fuente judicial. Podría caberle a los empresarios la figura del arrepentido. Pero para eso tendrán que determinar si fueron «coaccionados» para aportar dinero o hubo complicidad.

Los investigadores avanzarán esta semana sobre la pista de cuatro obras de energía en Trelew, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, que fueron licitadas el año pasado, costaron 260 millones de pesos y no se terminaron. Este sería el punto de partida para indagar si hubo aportes de empresarios a la denominada «caja negra de la política». Al parecer, hay documentación precisa con nombres de empresas y cifras concretas que datan del año pasado, dijo una fuente.

Las gestiones bajo sospecha fueron realizadas a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Aunque más bien creen que habría que hacer una auditoría de esta cartera que abarque los últimos diez años.

EMPRESAS EN LA MIRA

Paralelamente, la otra deriva del Caso Correa ya tendría apuntado a determinados empresarios de la construcción, ex funcionarios y algún funcionario actual del Gobierno provincial. Los investigadores estarían siguiendo la pista de los «cheques librados por las empresas», dijeron las fuentes.

Estiman que desentrañar las conexiones que pudiera haber por supuestos «retornos», demandará por lo menos un año. Hasta ahora no apareció ningún documento que vincule a gestiones municipales. Por lo pronto, «varios empresarios tendrán que explicar por qué aparecen sus nombres en las listas que fueron secuestradas durante la investigación», dijeron las fuentes.

REUBICACION DE DETENIDOS

El procurador general, Jorge Miquelarena, no tendría reparos en que fueran reubicados en el mismo pabellón de la Alcaidía de Trelew los detenidos Diego Correa, Diego Luters, Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa. Lo sugirió el secretario de Seguridad, Federico Massoni, para garantizar la seguridad de los detenidos que hoy conviven con presos comunes.

En principio, Miquelarena sostuvo que los presos «no están incomunicados y nos interesa que estén seguros». Indicó además que es una decisión de Massoni «si los quiere poner juntos o no». «Nos interesa que estén en un lugar seguro para el bien de todos», concluyó.

Diario El Chubut

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