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Desde la Casa Rosada ya no disimulan que, con el objetivo de promover la inversión minera, impulsarán una modificación de la Ley 26.639 que da protección a las áreas glaciares y periglaciares del país.

La polémica iniciativa surgió por pedido del presidente Mauricio Macri, luego de que en noviembre pasado mantuviera una reunión con empresarios del sector, quienes le aseguraron que, de cambiar algunos puntos de la legislación, podrían ingresar capitales al país por US$18.000 millones.

Esa directiva también fue ratificada por el propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Durante la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP23), celebrada en Bonn, Sergio Bergman afirmó que la Ley de Glaciares “presenta grandes ideas irreales” y sostuvo que “requiere una revisión”. 

Para evitarlo, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Conciencia Solidaria, Greenpeace y otras organizaciones, participaron de un debate en defensa de la Ley de Glaciares en el Senado, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 

“Quieren sacar el oro de las entrañas de la tierra para ponerlo en las bóvedas de los bancos”, denunciaron durante el debate, del que también participaron científicos, senadores y público en general.

La Ley 26.418 impide el establecimiento de actividades extractivas y el uso indiscriminado de recursos hídricos (millones de litros diarios) con el fin de preservar los cuerpos glaciares para el consumo humano, la agricultura sustentable y la protección de biodiversidad, así como también para resguardarlos por su atractivo turístico.

Desde su aprobación en 2012, sin embargo, nunca pudo aplicarse de forma plena y efectiva. Año tras año, sus lineamientos han sido constantemente incumplidos por las industrias, desfinanciados por los gobiernos de turno y obstaculizados por los propios organismos de control.

Este hecho también fue confirmado, de acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, por el abogado Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y representante de la Asamblea de Jáchal de San Juan. “Ya es oficial, la empresa megaminera Barrick Gold infringe la ley”.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, Pino Solanas, agregó que ya envió copias de esas declaraciones oficiales al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, al ministro Sergio Bergman y al juez federal Sebastián Casanello.

Mientras que la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, fue terminante: “Resulta preocupante que nuestros gobernantes avalen que los intereses privados pongan en riesgo la institucionalidad ambiental y debiliten la protección de valiosísimos recursos hídricos”.

Durante el debate, que duró más de tres horas, los participantes pidieron a los legisladores que mantengan su compromiso con los niveles de protección estipulados por ley para estos ecosistemas frente a las presiones del sector minero.

Faustino Esquivel, del pueblo sanjuanino de Jáchal, una comunidad muy activa en defensa de su territorio y muy afectada por los sucesivos derrames tóxicos de la cercana mina Veladero, expresó “Estas empresas de megaminería sí contaminan, y nos contaminaron nuestro río. Nuestro pueblo es el que más alto grado de cáncer tiene en la provincia”.

Si bien suele ser definida por sus impulsores como un motor de “progreso y empleo”, la minería cuenta con pésimos indicadores en todo el mundo. Argentina, por supuesto, no es la excepción.

En el caso puntual de San Juan, los mayores niveles de desempleo están registrados en los cinco departamentos con proyectos mineros. Y es más, todas las provincias que practican la minería a cielo abierto son las que peores índices socioeconómicos tienen.

Funcionarios al banquillo

El pasado 5 de marzo, la Justicia Federal procesó, en un hecho histórico, a cuatro funcionarios nacionales al entender que impidieron relevar los glaciares y posibilitaron la minería en zonas prohibidas durante los últimos años.

Entre los acusados, se encuentra el científico Ricardo Villalba, el ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), a quien se le cuestiona que haya decidido sólo medir glaciares de más de una hectárea de superficie, dejando desprotegidos a los de menor tamaño.

El fallo fue confirmado luego de que los jueces federales Martín Irurzun y Eduardo Farah dieran lugar a los aportes de su colega de primera instancia, Sebastián Casanello, quien sostiene que, de haberse cumplido la legislación 26.639, tanto Veladero como Pascua- no existirían, así como tampoco los derrames contaminantes que estos proyectos produjeron.



Fuente: Foro Ambiental

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