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La situación económica y financiera de Chubut resulta asfixiante, a partir de la deuda contraída en los últimos años, cuya finalidad está lejos de quedar clara en cuanto a los resultados de obras y gestiones con los que fueron argumentados tales préstamos.

Este año, los vencimientos ascienden a 163 millones de dólares, con montos similares que deben afrontarse cada año hasta el 2021. ¿Cuál es el origen y en qué condiciones se tomaron? Y algo fundamental: ¿cuál es el beneficio (¿o de quién?) de tamaño endeudamiento?

Las noticias de los próximos días seguirán girando en torno a la protesta gremial contra el pago de sueldos desdoblado, la no convocatoria a paritarias y las dificultades graves del Estado provincial para pagar a sus proveedores y así garantizar servicios esenciales.

El problema tiene varios orígenes, que pueden resumirse en tres grandes ítems: la inflación acumulada (aumento del costo de servicios públicos y erosión de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y su consecuente impacto en el menor consumo); la caída de ingresos por regalías y coparticipación de impuestos, en lo que hace a los recursos del Estado; y la creciente presión de los vencimientos de deuda sobre las escuálidas cuentas públicas provinciales.

El origen de la deuda externa chubutense

Un relevamiento de la deuda efectuado en ámbitos legislativos permite repasar el origen del endeudamiento externo de Chubut. El primero se remonta al año 2010, con el “Fideicomiso financiero” colocado por el gobierno de Mario Das Neves, por un total de 150 millones de dólares, con una tasa del 7,75% y un plazo de 10 años.

El motivo político de aquella operación fue el distanciamiento del entonces gobernador en relación al gobierno nacional kirchnerista, que a su vez cortó el flujo de fondos para obras y “obligó” a la provincia a salir en busca de financiamiento propio. No hay claridad sobre cuáles fueron las obras efectivamente construidas con esos fondos.

Luego, en 2013, el gobierno de Martín Buzzi salió a colocar los bonos Bodic I, por US$ 220 millones (con tasa al 4%) y II, por otros 89 millones de verdes (4,5%). En ambos casos, el plazo de pago es de 6 años. El motivo político del comodorense fue hacer “10 centros de encuentro y 2 hospitales”.

De los primeros se hicieron menos de la mitad y no están terminados (de los cuatro proyectados para Comodoro, hay dos en etapa final, aunque no hay claridad en cuál será la utilidad de esos edificios, hoy una cáscara de hormigón y ladrillos); mientras que sólo en Trelew sigue avanzando (y buscando más fondos para su finalización) un nuevo hospital de alta complejidad, ya que en Comodoro nunca se llegó más allá de una pomposa licitación en julio de 2015, por un monto de 700 millones de pesos, algo así como un dibujo en el agua.

Una auditoría debería determinar en qué se utilizó el dinero efectivamente ingresado, en base a cuál fue el costo real de las obras ejecutadas, de las que se concretó menos de la mitad de lo estipulado inicialmente.

Otros U$$ 700 millones en dos años

Por su parte, en el inicio de la actual gestión de gobierno, se colocó un primer bono por US$ 50 millones, con una tasa del 8,75% y plazo de 7 años. Y el llamado Bocade, por US$ 650 millones, con una tasa del 7,75% y 10 años de plazo.

Esta semana arribó a Legislatura un primer informe del Ejecutivo, en el que se apunta a divulgar cuáles son las obras y deudas afrontadas con los recursos ingresados, que al tipo de cambio en el momento de la colocación significaban unos 10.000 millones de pesos, pero que hasta ahora se dieron precisiones por una ejecución del orden de los 8.500 millones de pesos, tal como informó ADNSur esta semana. Según ese detalle, sólo 2.300 millones de pesos correspondieron a pagos de obras (de las que falta determinar el detalle).

¿Una ‘reventa’ de deuda con ganancias adicionales?

Un informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley VII 72 (que autorizó la colocación del bono por US$ 650 millones), emitido en diciembre de 2016, aporta sin embargo otro aspecto preocupante, vinculado a los costos del endeudamiento que hoy pesa sobre todos los chubutenses: “como los títulos de deuda no se han registrado con la Ley de títulos valores o cualquier legislación estatal vigente en la materia, los compradores iniciales proponen ofrecer los títulos para su reventa en transacciones que no requieren registro”.

En términos más criollos, según puede deducir un ojo poco experto, los intermediarios compraron los ‘pagarés’ de la provincia a una tasa de interés del 7,75%, pero luego podrían haberlos revendido a una tasa menor, obteniendo una ganancia adicional en ese pase: “Resulta evidente de la misma documentación aportada y analizada, que el mecanismo por el cual se cedió el negocio a estas entidades financieras sin un proceso claro, competitivo y transparente de oferta pública, impidió la posibilidad de obtener una mejor tasa para las finanzas provinciales y una más eficaz defensa de los intereses provinciales”.

El mismo informe legislativo añade que según se recabó en la información oficial de aquella colocación, la deuda que colocó Chubut al 7,75% pudo haber sido posteriormente “recolocada” en forma más favorable.

Se menciona como ejemplo el caso de Santa Fe, que pudo colocar un bono con una tasa del 6,90% (aun sin un respaldo fuerte como el de Chubut, con regalías petroleras como garantía). Es decir, una tasa 0,85% más baja, “importe muy significativo para los valores en juego”. No es cuestión de marearse con números: en US$ 650 millones colocados, esa diferencia en el primer año pudo haber ascendido a 5,5 millones de dólares. Proyectado a 10 años sobre cada saldo anual, el total supera los 40 palitos verdes. “Es decir, US$ 40.056.250 que se estarían pagando de más en concepto de intereses y que probablemente sea parte del negocio adicional de la operación llevada a cabo”, añade el informe oficial de la Legislatura de Chubut.

Vale aclarar que esa presunta ganancia adicional, de haberse concretado, se suma a las comisiones percibidas por las entidades intermediarias en la colocación.

El informe consigna que los colocadores fueron BNP Paribas Securities Corp, por US$ 302 millones; Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith US$ 302 millones; UBS Securities LLC. por US$ 26 millones; y Puente Corredor de Bolsa S.A, por US$ 20 millones.

Vale el esfuerzo de retener estos nombres de intermediarios: es posible que reaparezcan algunos de ellos, ahora que el Municipio de Comodoro Rivadavia obtuvo autorización legislativa para salir a colocar su propio bono por US$ 50 millones.



Por Raúl Figueroa / ESPECIAL PARA ADNSUR

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