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Se advierten procedimientos de contratación con “notorio incumplimiento” (realizado mediante contratación directa) y una “operación fraudulenta” con costos para las arcas provinciales.

En el relato de los hechos, se indica que el 22 de abril de 2016 el por entonces subsecretario de Protección Ciudadana, Pablo García, solicitó autorización para la adquisición y distribución de cámaras de seguridad “a los efectos de cumplimentar las nuevas políticas de seguridad adoptadas por contratación directa, estimando el monto presupuestado en $ 36 millones”.

El monto “fue autorizado por el entonces ministro de Gobierno, Rafael Williams y el secretario de la Unidad Gobernador”.

Con diferentes propuestas, se procede a la contratación por 35 millones de pesos de la firma Global Views suscripto el 26 de abril de 2016, con un trámite encuadrado “en el artículo 95 de la Ley II Nº 76 (contratación directa por razones de urgencia y emergencia)”, lo cual de por sí es considerado en la presentación ante la Procuración como “un notorio incumplimiento de los procedimientos vigente en materia de contrataciones”. Luego esta compañía se fusiona con NEC Argentina.

Como parte de las conclusiones, en la denuncia presentado por el fiscal adjunto, se expresa que de los hechos “surge no sólo un proceso irregular predeterminado de selección de la empresa adjudicataria por parte de las autoridades provinciales, sino que además se advierte una presunta operación fraudulenta que ha generado un mediato perjuicio patrimonial al Estado provincial”.

Y se describe dentro de las fallas que de las 218 cámaras que poseía la Provincia, sólo 146 se encuentran en funcionamiento; que las restantes 244 cámaras de seguridad no fueron instaladas ni puestas en funcionamiento; que la fibra instalada en la vía tiene desperfectos de montaje, constituyendo una falta grave respecto al contrato; el material colocado no cumple con las calidades técnicas y que existe un “evidente abaratamiento de costos en el material empleado”.

Como conclusión se afirma: “Deficiencias marcadas que generan la necesidad de iniciar una investigación judicial a los efectos de determinar la comisión de un delito”.

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