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Con fecha 15 de marzo se publicó el decreto 184 relacionado con las medidas de ajuste en el Estado.

Si bien el gobernador Mariano Arcioni había anticipado ya algunos lineamientos, en el texto se dan a conocer otras medidas que generaron ruido en los gremios estatales, que ya lo estudian con abogados.

Como primera disposición, en el artículo 1, se establece la suspensión del régimen general de subsidios. Entre los que se podrían contar por ejemplo la compensación por el sistema energético en el interior o el Transporte Educativo Gratuito (TEG).

“Como única excepción se podrán acordar subsidios mediante acto fundado por el Poder Ejecutivo Provincial”, se busca aclarar.

Otro punto que volverá a levantar polémica son las licencias gremiales. Se dejará de pagar a la totalidad de trabajadores que gocen de este beneficio.

Y sólo será reconocida para el secretario general de cada uno de los sindicatos, siempre que trabaje en el Estado Provincial.

Se fundamenta que las mismas producen “enormes desigualdades entre las distintas Asociaciones Sindicales” y “constituyen una situación intolerable frente a la emergencia que atraviesa la provincia”. Si siguen, deberán ser pagadas por los gremios.

Respecto al trabajo dentro del Estado, uno de los párrafos abre la posibilidad de implementar un sistema de control de asistencia a través de huella digital.

“En la búsqueda de la eficiencia que debe primar en el rendimiento del empleado público, resulta necesario implementar en forma urgente sistemas biométricos de control de asistencia en el empleo”.

Para ello se llevará adelante una licitación.

Se cortan las horas cátedra en todos los niveles, cuando no sean realizadas en el ejercicio de la docencia, frente a alumnos en el aula.

Allí el principal interrogante pasa por la gran cantidad de porteros que según los sindicatos son remunerados sólo con horas cátedra para no ser pasados a planta.

Y con dicha resolución quedarían directamente desafectados.

También habrá recorte de las horas extras, las cuales ya no se pagarán.

Sólo a los efectos de cubrir servicios indispensables, la mayor prestación horaria tendrá límite diario y mensual.

Será de una máximo de 2 horas diarias y 20 semanales por cada agente.

Otras disposiciones

Aquellos asesores que deseen seguir colaborando con los funcionarios políticos, lo deberán hacer a partir de ahora de forma “ad honorem”.

También se aclara que sólo por decreto del Ejecutivo podrá haber excepciones en función de la importancia de las tareas que desempeñe.

Al mismo tiempo se suspende la asignación y uso de vehículos oficiales a los funcionarios con rango inferior a ministro, secretario de Estado o presidente de Ente Autárquico.

Quedan exceptuados los vehículos asignados a la Policía o Inspección.

En lo referente a las viviendas oficiales, se realizará un relevamiento de la totalidad de los inmuebles arrendados.

No se abonará ni autorizará pago de arrendamiento para cualquier alquiler que no esté censado.

Sólo se reconocerán arrendamientos para funcionarios con cargos de gabinete con domicilio a más de 100 kilómetros de la sede de sus tareas.

“Los servicios de energía, agua, gas y telefonía, deberán ser abonados por el agente o funcionario, o serán descontados de sus haberes”.

Finalmente, se hará un listado con aquellas líneas telefónicas que requieran ser conservadas para los funcionarios.

Y en esos casos habrá consumos límite por rango y categoría. 

Visión de la oposición

Sobre los anuncios de “ajuste” económico que anunció el gobernador para paliar la crisis financiera de la provincia, el diputado Leandro Espinosa indicó:

“Entendemos la situación. Entendemos que la crisis de la política económica hay que acompañarla en todos los poderes. Hoy no estamos funcionando como corresponde. Recordemos que en la Legislatura venimos con problemas gremiales. Hoy hay retención de servicios, no se pudo trabajar en comisiones y no sabemos si vamos a poder sesionar. Se corresponde a otros estados de la provincia. Todos tenemos que apostar para que se solucione”, manifestó.

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