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El juez Sergio Piñeda decidió que Daniela Souza, acusada de integrar la banda liderada por Diego Correa e imputada de asociación ilícita para defraudar al Estado, quede en prisión preventiva por seis meses, al igual que los otros cinco acusados.

La audiencia de control de detención fue ayer en el Superior Tribunal de Justicia en Rawson.

Souza, de 32 años, fue detenida en la madrugada del martes en Arroyo Verde, cuando iba en un vehículo familiar de alta gama desde Buenos Aires a Chubut.

Al momento de las primeras detenciones del Operativo El Embrujo se encontraba de viaje en Europa.

El juez ordenó que se envíe un oficio al jefe de la Policía, Miguel Gómez, para que explique por qué Souza fue detenida recién en Arroyo Verde y no en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “apenas apoyó un pie en Argentina”, como se había dispuesto en el pedido de captura emitido por el magistrado.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Alex Williams, planteó para Souza “la participación en la asociación ilícita que se dedicaba a defraudar al Estado, hasta este momento en cinco hechos”.

Explicó que la amiga de Natalia Mac Leod, pareja de Correa, “presta su nombre para la asociación y es esencial. Tiene mucha actividad cotidiana, hace todo lo que se le dice y se le ordena. Tiene contactos telefónicos diarios con Correa”.

Se revelaron transcripciones de escuchas telefónicas.

Por ejemplo Souza, el 9 de febrero de este año le pedía dinero a Correa para pagar sus gastos, como el alquiler de un departamento en el complejo El Álamo de Playa Unión por $22.800.

En otra conversación telefónica del 15 de febrero, le pedía 3.100 pesos a Correa para pagar al personal doméstico, 900 pesos para la psicóloga y 500 pesos para las uñas esculpidas.

En otro llamado le pidió $47 mil para pagar la tarjeta de crédito.

Para Williams, esto demuestra que Souza “llevaba una vida de lujo que pagábamos todos.

De la investigación surge que la distribución de dineros espurios partía de la figura del jefe, no había un fondo común”.

Se presentó documentación donde Souza, como propietaria de la empresa Dual Core, tenía cuenta corriente y retiraba materiales en comercios de Trelew para la obra de la vivienda y los dúplex en Playa Unión.

También charlas telefónicas con un conocido corralón de Trelew y un comercio de electricidad donde ella se refería a las cuentas corrientes de Diego Correa. 

Por su parte, el fiscal Omar Rodríguez confirmó que “se está procesando otra información que surge de las escuchas. Por ejemplo los roles que cumplían dentro de la organización, quién era el jefe, y la relación de Souza con el jefe Correa”.

Entre ellos “había comunicaciones todos los días y una relación de subordinación de la socia gerente de la empresa con Correa, que aparecía sólo en los papeles. Pero en los hechos y en función de las escuchas surge que era prácticamente una empleada que hacía trámites administrativos y le hacía mandados a Correa para buscar cosas en las casas de proveedores”.

“Souza, según los informes que remitió ANSES, cobraba un sueldo por ser socia gerente de la empresa de $ 20 mil. Era prácticamente el mismo monto del alquiler del departamento donde vivía, además de todos los gastos que surgieron en la investigación y que pagaba Correa.

No hay relación entre lo que ganaba y lo que gastaba. Ella dentro del aporte que hacía al grupo, recibía una contraprestación que era justamente la camioneta Amarok que usaba, el departamento frente al mar donde vivía. Le servía a la empresa a los fines de sustraer fondos públicos”.

Los fiscales dieron cuenta de cómo la organización y por orden de Correa, adquirió varios costosos vehículos, todos a nombre de Souza, quien “inmediatamente repartía tarjetas azules para que los pudieran conducir los otros integrantes de la banda”.

Estas compras eran “una manera de blanquear el dinero obtenido en negro”.

Explicaron la conducta de Souza cuando se enteró del avance de la investigación para tratar de deshacerse de los vehículos vendiéndolos.

Para dejarla presa, Piñeda tuvo en cuenta las llamadas entre la imputada y el presunto jefe de la banda, Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves.

“Las llamadas explican cómo fue la trama para poder actuar de forma coordinada todo el grupo”.

Además Souza “colaboraba en la creación de empresas ficticias” y entendió que existe peligro de fuga por “la facilidad que tiene de abandonar el país”.

Consideró que los cambios de domicilio registrados en los últimos meses son parte de una estrategia de ocultamiento de la empresa y de fuga.

Como al resto se congelaron los bienes y cuentas de Souza y se pidió levantar el secreto bancario sobre sus movimientos financieros.

“Son fondos del erario obtenidos ilegalmente en beneficio propio, sin hablar de las carencias actuales del Estado, afectado en parte por este accionar”, dijo el juez.

El fiscal Rodríguez aclaró que “hay que procesar mucha información en papel, computadoras y celulares”.

En la casa de Correa se secuestraron 35 celulares. Se peritarán para extraer datos. 

En cuanto a la camioneta hallada en Buenos Aires, una Hyundai H1 de la empresa investigada, una comitiva policial en Buenos Aires cumplió el procedimiento y su llegada a la zona es inminente.

“La van a traer preservada y acá se va a hacer la requisa ordenada por el juez Piñeda”.

Los fiscales encontraron diferencias entre los presupuestos para obras que presentaba Dual Core y los contratos que firmaba y pagaba el Gobierno provincial.

“Se presupuestaba hacer una actividad como pintura en una casa oficial y se pagaba por cambios de cañerías. Era tal la irregularidad y la falta de control que eso ni siquiera se observaba. El expediente cumplía con un trámite administrativo, llegaba al final y se pagaba”, relató Rodríguez.

Se investiga si esas obras que se pagaron finalmente se realizaron.

Rodríguez también explicó el trámite en el Instituto de Seguridad Social y Seguros.

“Hicimos una orden de presentación, fuimos a Seros a buscar información de la empresa Sepat SRL y aparece una vinculación con el imputado (Diego) Lüters”.

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