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El juicio podría extenderse por dos semanas. Este lunes fue la primera jornada de debate, la que comenzó con la ausencia de uno de los imputados, Héctor Jorge Bustos. La Fiscalía mantuvo su acusación en tanto que los defensores expusieron al tribunal unipersonal, la interpretación normativa que propondrán probar para sostener el pedido absolutorio de sus defendidos.

La fiscal Fernanda Révori anticipó al juez Martín Zacchino que buscará demostrar a través de la prueba, que luego de varios intentos previos frustrados, se concretan los hechos por los que se llegó a debate, mediante un acuerdo entre Héctor Raúl Diez y la intendente que lo sucedió María Roxana Novella. “Contaron además con la colaboración necesaria prestada por casi la totalidad de los integrantes del HCD de Corcovado, que dictaron dos ordenanzas la N° 742/11 y la N° 751/11 que habilitaron, con violación de las normas vigentes, las transferencias de dominio de estas dos parcelas, en favor de Josefa Larrea y luego a dos inversores inmobiliarios de la costa que son José María Comerci y Agustín Torres”, expuso Révori.
“En solo diez días hábiles, estas 240 hectáreas con costa del río Corcovado, pasaron de manos del Estado a los inversores, quienes de inmediato hicieron un importante emprendimiento inmobiliario, con fraccionamiento, loteo y venta en el mercado por importantes sumas. Muchos ganaron y solo perdió el municipio de Corcovado”, concluyó la fiscal. Para Révori, el eje de la discusión será en torno a si este manejo de la tierra pública es legal o constituye un modo de actuar defraudatorio de los bienes confiados a una administración.

Las defensas

Cinco defensores asumieron la defensa de los también numerosos imputados. El primero en hacer uso de la palabra fue Martín Iturburu Moneff, defensor de María Josefa Larrea de Torres. El letrado indicó que se trata de una antigua pobladora, quién junto a su familia solicitó en calidad de ocupante,  las fracciones en común desde hace más de 40 o 50 años. Resaltó que el expediente del IAC, refleja todo el proceso histórico y cronológico, que existe un reconocimiento formal de la ocupación por parte del IAC y que las fracciones tuvieron autorización de mensura a su debido tiempo. También destacó que la señora Larrea se encontraba en condiciones fácticas para ser reconocida como propietaria de esa ocupación. “Es cierto que decidió venderlas por cuestiones de salud y edad y no por razones especulativas como señaló la fiscal”, dijo.

Iturburu rechazó la participación de su defendida en un acto de administración fraudulenta, destacó que no alcanza a ver cuál fue el perjuicio a la municipalidad ya que ella pagó lo que la municipalidad fijó para la venta y que fuera autorizado por ordenanza.
Luis Codesal, defensor de Jorge Alberto Pereyra, se adentró en el análisis del valor dado a la tierra para el otorgamiento de derechos a Larrea. Se refirió a que el intendente del período previo había intentado ceder la tierra pero no fue habilitado por el Concejo Deliberante porque se consideró irrisorio el valor establecido. “El Concejo con su composición posterior siguió intentando regularizar la posesión de la tierra, por unos cuatro años. Hubo presentaciones de Larrea, discusiones en el Concejo... En noviembre de 2011 se arribó a un precio considerado justo $6.500 la hectárea. Pareciera ser que la Fiscalía considera ese precio una defraudación del municipio”, expuso Codesal. Mencionó en este contexto que la ordenanza tarifaria por aquel entonces vigente, establecía un valor por hectárea de $500, los concejales establecieron un valor promedio, entre el valor de mercado y el fiscal. “Ningún municipio vende al valor real”, recalcó, indicando que el precio de venta totalizaba una suma de casi el 70% del presupuesto municipal de aquel entonces. Fue un valor sustancialmente importante para el municipio. “No fue un valor real, fue un valor de fomento”.

También hizo referencia al aspecto normativo. En este sentido el letrado señaló que los Concejos Deliberantes pueden “excepcionar respecto de la regla general, buscando la equidad del caso, estamos convencidos de que en este caso sucedió eso”. Respecto de la ley del IAC, sostuvo que el municipio no podía vulnerarla porque es autónomo, dicta sus propias normas.

Graciela Conesa defensora de Héctor Raúl Diez, inició su planteo indicando que su defendido, al revestir la calidad de intendente, no tenía a su cargo la administración de la tierra fiscal. Destacó que la propia Constitución Provincial establece que los municipios se organizan con dos Poderes, uno Legislativo y una Ejecutivo, cada uno con sus incumbencias. Por otra parte indicó que tampoco puede considerarse que se trataba de tierra fiscal de uso de la comunidad, ya que en este caso eran tierras de dominio privado del Estado, no de dominio público.

Carolina García defensora de María Roxana Novella, Gladys Raquel Austin, Irma Díaz y Alejandra Cecilia Ocampo, resaltó que estos llegaron al cargo de concejales por el reconocimiento de la comunidad, no en una lista sábana. Que en base a su compromiso político ejercieron el cargo para resolver los problemas de su comunidad. Uno de esos problemas era la regularización de la tierra ocupada por pobladores. Tal el caso de la señora Larrea. En ese compromiso se realizó el trámite de regularización, no fue un proceso de diez días, sino que fue largo, complicado y engorroso, lleno de tecnicismos, para el que debieron asesorarse. “En base a ese asesoramiento es que sancionaron las ordenanzas que se cuestionan. La conducta que el MPF les achaca no le es reprochable de manera alguna”, planteó García.

El último abogado en hacer uso de la palabra fue Fabián Gabalachis, defensor de los inversores José María Comerci y Agustín Torres. Indicó que se los acusa de ser participes primarios de las conductas de Diez y Novela. Sobre ese punto consintió las explicaciones que fueron brindadas por ellos, es decir que no hubo perjuicio al municipio y que esa venta fue la finalización de un proceso histórico.

Por otra parte añadió que sus asistidos no conocían a los autores del hecho (Diez y Novela), ni al resto de los partícipes, a ninguno de los concejales. “Tuvieron total ajenidad y abstracción de este complejo acto administrativo”, resaltó, añadiendo que su participación se limitó a consultar con asesores, una inmobiliaria y una escribanía de indiscutible prestigio. “Basados en el prestigio, honestidad y experiencia de las personas que menciono, de ninguna manera se puede sospechar una complicidad de los señores Comerci y Torres, con los autores y partícipes del hecho que aquí se endilga”, cerró Gabalachis.

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