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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó ayer una querella para dar con los responsables de haber plantado pruebas contra comuneros mapuches que fueron detenidos y luego liberados en el marco de una polémica operación policial.

La llamada Operación Huracán fue develada públicamente el 23 de septiembre pasado, cuando en una redada policial fueron detenidos de manera preventiva ocho activistas mapuches acusados de “terrorismo” en la región de la Araucanía, en el centro de Chile.

Semanas después, la Fiscalía inició una investigación que detectó manipulación de pruebas en la operación, que incluía mensajes de texto “plantados” en los celulares de los detenidos en los que se hablaba de tráfico de armas desde Argentina.

Ante esa revelación, el viernes, la justicia chilena sobreseyó a los mapuches, ordenó liberarlos y cerró la investigación.

El INDH decidió entonces presentar una querella en el Juzgado de Garantía de Temuco, para que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades “de manera pronta”.

El jefe del INDH en la Araucanía, el abogado Federico Aguirre, subrayó al presentar la querella que “ocho personas permanecieron durante 26 días privadas de libertad en mérito de antecedentes (...) que a nuestro entender son falsos”.

Además, en un comunicado, la institución señaló que “funcionarios de Carabineros habrían manipulado evidencias, haciendo que tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia actuaran en base a antecedentes falsos e implantados intencionalmente, que afectaron el curso y el devenir de la investigación penal, y así también la administración de justicia”.

En tanto, el fiscal de la Araucanía Carlos Palma señaló que en la investigación existen elementos para pensar que efectivamente hubo una manipulación.

“Existen tres informes periciales respecto a la eventual manipulación de pruebas (...) En principio, por supuesto que tres informes periciales emanados de distintos organismos (que llegan a las mismas conclusiones) dan pábulo para pensar que esto es así”, dijo Palma.

En tanto, el gobierno solicitó a través del Ministerio del Interior, el levantamiento del secreto de “todas las piezas de la investigación”, en alusión a la supuesta protección de los policías por funcionarios judiciales, lo cual se suma al recurso de queja que interpuso contra el Tribunal de Garantía de Temuco por el rechazo a la reapertura de la investigación.


El Patagonico.

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