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El Estado nacional mandó más de 15 millones y sólo llegaron 3 para pagar las quincenas adeudadas. Así, la empresa se queda sin obras y cesanteará trabajadores. La constructora, propiedad de Cristóbal López, se quedó sin alternativas y, por ende, no hay más trabajo para los obreros que reclaman pagos adeudados que difícilmente puedan cobrar.

La situación se torna complicada por ese mismo motivo ya que la falta de trabajos para hacer, deviene en ausencia de líquido para efectivizar lo adeudado a los trabajadores que mantienen reclamos por quincenas trabajadas que no vieron reflejadas en lo salarial.

El propio Raúl Silva, titular de la delegación local del gremio de la construcción -UOCRA-, enfatizó hoy que debido a esta situación, el propio gremio reconoció que hará la respectiva presentación de telegramas de renuncia por parte de los trabajadores, porque los mismos -con esto- se encuentran ya fuera del sistema.

El ‘Conejo’ manifestó que sus afiliados están dispuestos a renunciar siempre y cuando se les pague lo que se les adeuda, lo que agrega un manto de complejidad al asunto, y que sería en vano pelear si ya Nación determinó que rescindirá los contratos vigentes con CPC.

Silva remarcó al sitio web ADNSur que “si a los trabajadores les garantizan el pago de todo lo que se les adeuda, ellos enviarían de forma conjunta todos los telegramas”, agregando que su sindicato tiene el método de obras terminadas y después conseguirle trabajo a quienes las finalizan, indicando que tanto la ruta 3 como el acueducto “se van a terminar y la empresa que venga, dará prioridad a los trabajadores que ya estaban”.

Cabe recordar que se trata de 350 obreros, que están a la espera del pago desde antes de las fiestas. Silva habló con el gobierno provincial puesto que la gerencia de CPC aduce que no tiene plata, y si no tienen el pago de Vialidad es imposible pagar la deuda” y recordó que “estuvimos interiorizándonos sobre los pagos de Vialidad, hizo uno de 26 millones de pesos, la empresa dice que es verdad pero no lo hizo a CPC sino a una UTE con otras empresas”.

Para este miércoles, aguardan una respuesta con la que se puedan establecer los pasos a seguir.

Caída de contratos

La obra de la Ruta 3 a Caleta Olivia fue una de las más cuestionadas que tuvo Lázaro Báez y por eso el actual Gobierno rescindió el contrato. Adjudicada a Cristóbal López en 2017, a través de su firma CPC SA, la historia se repite: Vialidad Nacional rescindirá el contrato millonario al dueño del Grupo Indalo, pues no cumplió con los plazos de obra y acumuló multas por $ 35,7 millones, señaló el diario Clarín.

Vialidad Nacional llamó a licitación pública el año pasado, con un costo global de $ 1.964 millones En la nómina de las empresas que ofertaron, estuvo CPC, que licitó uno de los valores más bajos: $ 1.569.507.193. Fue la mejor oferente y terminó ganando la obra. Con el correr de los meses, la obra avanzó lentamente. Ante los retrasos y el incumplimiento en cada uno de los tramos, se aplicaron las multas desde el organismo que depende del ministerio de Transporte. Por el tramo 1, se aplicó a noviembre de 2017, una multa de $ 14 millones, el tramo 2 sumó $ 16,7 millones y el último, unos $ 5 millones. Lo que representa una multa global, que en su totalidad no se pagó, de $ 35,7 millones.

CPC SA la principal constructora del Grupo Indalo, debía entregar a los 18 meses de iniciadas las tareas, los dos primeros tramos. Lo que más tiempo iba a demandar es el tramo 3 (41,6 kilómetros). El plazo era de 30 meses con un presupuesto oficial de $ 1.117 millones. El “incumplimiento fue constante en los plazos de obra” y “no se pagaron la totalidad de las multas aplicadas”, por ello el Gobierno avanzará en la rescisión del contrato y volverá a licitarla.

No es el primer negocio millonario que pierde López. A comienzos de diciembre Vialidad rescindió el contrato de la autopista Riccheri: AECSA del grupo a cargo del manejo del corredor, adeuda $ 725 millones por no pagar los “recursos de asignación específica” (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional. Con esa plata pagó a sus accionistas.


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