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Plata. Una postal del abundante efectivo que se secuestró durante el procedimiento de agosto de este año.

Por Rolando Tobarez  /  Twitter: @rtobarez

La Justicia procesó a 24 personas por el operativo “Tridente del Golfo”. Quiénes y cómo vendían cocaína y marihuana.

El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, procesó a 24 presuntos miembros de la presunta banda de narcotráfico detenida en el operativo “Tridente del Golfo”. Les imputó comercio de estupefacientes, en algunos casos agravado por haber vendido marihuana y cocaína cerca de lugares con escolares en actividades educativas, deportivas o sociales. Uno de ellos está acusado de haber actuado como financista del narcotráfico, figura poco común en Chubut.

Este grupo, según el fallo, tuvo actividad entre el 28 de enero de 2015 hasta el 25 de agosto de este año, fecha de los 31 allanamientos en Trelew y Puerto Madryn. Todos fueron embargados en cien mil pesos.

La Policía secuestró armas, drogas comunes y sintéticas, altas sumas de dinero y elementos de corte.

La causa se generó por las revelaciones de Alfredo “El Turquito” Heer Luque, involucrado en el caso “Arenas Blancas”. Este sujeto –que decidió colaborar con tribunales- denunció a varios proveedores de estupefacientes.

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Madryn inició vigilancias, escuchas telefónicas y revisó mensajes de textos de los sospechosos, bajo supervisión del fiscal federal Fernando Gélvez.

El magistrado consideró que los imputados operaron divididos en dos grupos, unidos por un proveedor: Marino Isidro Coro, quien habría abastecido a Elvio Ramón Rubilar y Jonathan Armando Bustamante, clientes que la redistribuían. Coro fue procesado pero está libre.

El vínculo del trío era muy estrecho e incluyó frecuentes viajes a provincias del norte, Chile, Bolivia y otros países limítrofes para la compra. El imputado, un albañil boliviano, admitió sus viajes pero negó el objetivo.

Coro habría comercializado droga muy cerca de la Iglesia Salón del Reino de los Testigos de Jehová, y de la cancha de fútbol y sede auxiliar del Club Alianza Fontana Oeste. Según el juez Sastre, estaba autorizado a conducir el Volkswagen Gol Trend de Bustamante para viajes en busca de estupefacientes.

El fallo recuerda que en enero de 2017 falleció un tal Pedro Machado. La investigación se orientó a una deuda narco. Se señaló a Coro como el dueño de la droga que Machado debía buscar cerca del control de Arroyo Verde y que por algún problema no pudo llevar a Madryn. Escapó y la droga la halló Gendarmería. Sugestivamente, Coro había amenazado a Machado con enviar a una persona para cobrarse el dinero “de cualquier manera.”

Elvio Rubilar, vendedor de pescado y dueño de un taxi flet, habría comprado estupefacientes para repartirlos entre los punteros.

Según su procesamiento su actividad se habría dado cerca del Club Deportivo y Cultural Alumni; de un Parque Recreativo; de una cancha de fútbol en un descampado y de la cancha de fútbol ¨El Potrero¨.

En una de sus llamadas se dice: “Estuve toda la tarde contando plata porque compré como seis kilos de coso, viste, y había comprado cincuenta kilos más, con el abogado lo contamos tranquilo, entendés. La última que hago en el año y ya está, terminé, cuelgo los guantes; si tuviera que ir preso por falopa voy a tener que ir”.

En otra charla un tal “Hugo” le dice a Rubilar cómo debe pasar el estupefaciente en posibles controles de las fuerzas de seguridad. Incluso su expareja revela el verdadero trabajo de Rubilar: “Queré que denuncie que vendes falopa en la casa, con la hija al lado, papá”. Para el juez no sólo comerciaba sino que tenía en su vivienda.

La droga venía de un proveedor de Tucumán, coincidente con un sujeto de tonada norteña que también llamaba a Bustamante. En una escucha le dice a un consumidor que fue a buscar “al bolita” que tenía “coca con bicarbonato”. Y se muestra preocupado por un control de Gendarmería. “Tiene el cuidado de no decir qué tipo de mercadería es la que van a transportar, pero con su interlocutor hablan respecto a la mercadería refiriéndose a peso, calidad y precio”. Quedó en prisión domiciliaria.

El albañil Pablo René “Cachete” Guizzardi quedó libre. Según el juez era vendedor al menudeo en Madryn. Para el comercio usaba ¨pasamanos¨: citaba a los consumidores en varios lugares públicos y por breve lapso. A bordo de un Chevrolet Astra, rondaba la Escuela 213; del Jardín de Infantes 434 y de una cancha de fútbol.

Habría usado delivery o pasaban por su casa. “Resulta elocuente la comunicación telefónica en la cual acuerda con su interlocutor la entrega del estupefaciente en el Hospital”.

También quedó libre Juan Patricio “Pato” Cosentino. Era empleado de Prefectura y habría sido vendedor al menudeo: adquiría sustancias de Rubilar y las habría distribuido a diversos punteros.

La cadena terminaba en distintos consumidores: breves ¨pasamanos¨ en la calle, cerca de un Gimnasio y de la Escuela 750. En su allanamiento se secuestraron dos bolsas con indumentaria policial. Tuvo charlas con presuntos proveedores que exigían que pagara la mercadería.

También quedó libre Rafael Alexis Baeza. Según Sastre, habría vendido al menudeo por delivery y con “pasamanos”. Policía lo detectó cerca de los clubes Social y Atlético Guillermo Brown y J.J. Moreno. Era lavador y cajonero en Conarpesa.

Emmanuel “Emma” Navarro también habría vendido al menudeo desde su casa. A su vez, según las escuchas, sería proveedor de Cosentino. Quedó preso.

“Emma” se habría vinculado con su pareja Jorgelina Daniela Cárdenas –mesera y vendedora ambulante- y Rubén Ángel Ramón Esquivel. “Son elocuentes las imágenes registradas, donde se ve como distintas personas llegan al domicilio de Cárdenas se comunican con ella telefónicamente y luego la imputada sale de su domicilio o los hace ingresar por escasos minutos para venderles”. Ella quedó libre.

Rubén Esquivel quedó libre pero procesado por vender al menudeo. Actuó cerca de la plaza Piuke Mapu y a su casa iba gente por pocos minutos.
Sus charlas con Rubilar eran “elocuentes y si bien hablan en código, se refieren al comercio de estupefacientes”. Por ejemplo, le pregunta por “algo de lo mío” y hay advertencias de cuidarse al hablar porque el teléfono estaba intervenido. “Estas conversaciones confirman que las conversaciones de Esquivel con Rubilar son en busca de estupefacientes”.

José Saúl Correa es un empleado de comercio, sin prisión preventiva. Sastre le imputó venta al menudeo y con “pasamanos”. Habría buscado consumidores en zonas cercanas a una plaza y zona de juegos para la recreación infantil, y de la Escuela 222.

Una secuencia fotográfica en casa de Correa muestra a Rubilar dejar una caja. Luego aparecen personas en busca de marihuana y se verifican ademanes compatibles con el armado de porros.

También se vio un coche que aguarda un breve instante: sale alguien de la familia Correa, se aproxima al conductor y en escasos minutos se va.
También quedaron libres los hermanos Rodolfo Marcelo “Motita” y Héctor Ricardo “Cuervo” Idiarte. Sastre los procesó por la venta al menudeo desde sus casas y en la calle. Los “pasamanos” eran cerca de un playón de básquet y fútbol; de una plaza de recreación infantil; de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; del Club Social y Deportivo 630; de canchas de fútbol; de una plaza de juegos y recreación infantil y de la Escuela de la Costa.

En su confesión, el arrepentido Heer Luque reveló que cerca de la avenida Muzzio y Castro funcionaba la carnicería “Motita”, propiedad de ambos. Allí se vieron movimientos compatibles con el comercio: iban personas que se entrevistaban con los Idiarte por escasos minutos y compraban estupefaciente.

Cuando Jornada publicó los dichos de Heer Luque, el dúo cerró el local y se mudó a la zona del polígono donde funcionaría la chanchería, en la Reserva Agroforestal Norte. Hay imágenes de las reuniones de los Idiarte con Rubilar y grabaciones de otros imputados que van a buscar estupefacientes “a lo de `el Cuervo´”.

Jonathan Bustamante sí quedó en prisión preventiva. Presuntamente financiado por Germán Benítez, su comercio se habría dado cerca de una plaza y zona de juegos infantiles y de la Escuela 222. Y la empresa familiar “Máximo servicios”, en el Parque Industrial Liviano, que sería suya y en donde habría comercializado estupefacientes, se asienta cerca del Centro de Operaciones Ministeriales JUMUN; de la Escuela 464 y de una cancha de fútbol.
En una escucha Bustamante le pide a Javier Roberto Compagnucci que le reclame a Marcos “Pantera” López rendir el dinero de la venta. También le indica dónde debe ir y a quién ver para conseguir droga.

“Si bien las comunicaciones son en código, al referirse a prendas de vestir, una prueba de que no hablan de ellas es cuando expresan que tuvieron que “achurar la zapatilla y la calza” para que se la prueben”.

La declaración del imputado confirma sus relaciones con el resto del grupo, aunque sostuvo que sólo les daba ropa para vender. Sin embargo, la documental ofrecida para probarlo “son anotaciones caseras y presupuestos que carecen de toda descripción”.

Compagnucci quedó en prisión; Luciano Sebastián Vega –chofer- y López –seguridad particular-, libres. Sastre les imputó vender al menudeo la droga comprada a Bustamante. Las casas donde iban los consumidores estaban cerca de una cancha de fútbol, del Club Social y Atlético Guillermo Brown, de la Escuela 750; de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; del Club Barraca Central; de las escuelas 482 y 177.

Las comunicaciones telefónicas y textos del trío fueron reveladoras de cómo conseguían sustancias y acordaban su venta. Por ejemplo, Compagnucci le dice a un comprador: “Eso para usar en el pizarrón, no tengo más lo otro”. En otras escuchas se advierte que usa dinero de la Empresa Benítez –es chofer- para comprar estupefacientes y guardar en su lugar de trabajo.

Luciano Rodrigo Monroy Machado es trabajador de la pesca y quedó libre; Javier Santiago Ananías Stigliano Benvenuto es albañil y pintor, quedó preso. Habrían vendido al menudeo desde sus casas, cerca de la Iglesia de Dios, el Centro de Operaciones Ministeriales JUMUN; la Escuela 464 y una cancha de fútbol. Se los detectó entrevistándose con varias personas por escasos minutos.

Laura González tiene cárcel domiciliaria. Habría adquirido estupefacientes y luego los habría vendido a Gastón Cramis. Allanaron su presunta tienda “Que sea Rock” y se secuestró una balanza digital. Le pedían droga por mensaje de texto para entregarlos por delivery.

Norma Alicia Vilches y José Gustavo David González son madre e hijo y habrían vendido estupefaciente desde su casa, cerca de una Escuela Mutualista; de la Iglesia Invasión de Dios y del Colegio Municipal de Pesca ¨Juan Demonte¨. Cuando uno no estaba, el pedido de los clientes lo atendía el otro. Ella cuidaba abuelos y él trabaja en construcciones. Están libres.
“Una onda de churro”

Nicolás Jesús Potrana quedó procesado pero en libertad. Es portuario y habría distribuido la droga a punteros. Su venta al menudeo y por delivery se concretó cerca de la cancha de fútbol ¨El Potrero¨.

“Se registra una conversación con un sujeto Luca que le consulta dónde lo puede ver, a lo que el imputado le dice que conseguirá ´falopa´ y que le avisaría. Seguidamente, se observa que recibe un llamado de una persona Gabriel que le pregunta dónde está, Potrana le responde que estaba esperando la bolsa”, dedujo el juez. A veces cerraba trato por Whatsaap.

Se intervino una charla donde habla con su pareja, Paola, que sabía de su comercio. Se infiere que Potrana lleva droga en su coche ya que ella le advierte de “operativos por todos lados”. También le dice que fue a “hacer una onda de churro”: venta de marihuana.

Financista del grupo

El empresario Germán Aldo Oscar Benítez fue procesado pero no irá a prisión. Para el juez habría financiado a Jonathan Armando Bustamente para que tenga la plata necesaria para comprar estupefacientes de varios proveedores y repartirla a los vendedores.

Habrían usado empresas “pantalla”. Una fue “Máximos Servicios”, en donde el empresario habría dado directivas a Bustamante sobre las operaciones a realizar. El juez detectó un nexo de Benítez con los punteros que respondían a Bustamante -como Luciano Sebastián Vega y Javier Roberto Campagnnucci –,ya que algunos trabajaron en sus empresas.

Según su procesamiento, vendía combustible de la empresa de transporte Benítez & Bellini subsidiada por Nación y Provincia. Por eso se relacionaba con Compagnucci, Vega y Marcos “Pantera” López, empleados de la empresa y con Bustamante, que en su rol de testaferro le ayudaba a blanquear esas ganancias.

Según una escucha, Benítez le advierte a Bustamante: “Laburás con todos los delincuentes esos, con qué te juntás”. Este diálogo confirmaría que Benítez sabe que Bustamante comandaba un grupo integrado por Compagnucci, Vega y López dedicados al comercio narco. “Sin embargo, a pesar de saber de la actividad ilícita de los nombrados, continuó desarrollando maniobras financiera a fin de blanquear las ganancias obtenidas por la venta del combustible subsidiado siendo su persona de confianza Bustamante”, escribió el juez.

Hay citas de Benítez y Bustamante para encontrarse en la empresa o en el domicilio del empresario, lo cual “confirma el grado de confianza”. En varias charlas Bustamente le pide plata para deudas por estupefacientes.

Funcionarios procesados

Walter Edgardo Carrizo quedó libre pero procesado. Era funcionario de la Prefectura Naval Argentina y según Sastre, ayudó al comercio narco: habría informado los horarios de control que realizaría Prefectura en Madryn. “Se transcribe un diálogo con Rubilar en la que le confirma que habló con alguien de Prefectura y que está todo arreglado”. Esta colaboración le trajo problemas en su trabajo, ya alguien de Prefectura puso en alerta a la fuerza del accionar de Carrizo, quien también hablaba con punteros del grupo.

Gastón Ezequiel Cramis era policía del área Operaciones en Madryn y habría vendido al menudeo droga cerca de la Escuela de Boxeo Osvaldo Romero; del Club Alianza Fontana Oeste y de una cancha de fútbol. En su declaración sólo admitió ser consumidor. Pero una conversación telefónica reflejó que como policía, “habiendo contado con información, advirtió a su proveedor José González que allanarían su vivienda”.

“Son elocuentes las conversaciones telefónicas con Laura Eugenia González en las cuales acuerdan se advierte que Cramis viajaba a Trelew en busca del estupefaciente -dedujo Sastre- Se detectan diálogos en los que el imputado avisa a sus clientes que estaba volviendo de Trelew o que está recibiendo estupefaciente proveniente de Trelew y que cuando lo tenga en su poder les avisara”. También hay mensajes de textos que le reclaman pago de estupefacientes. Quedó en libertad

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