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La Legislatura adhirió hoy a la ley nacional de Contrato de Participación Público Privada, iniciativa que busca atraer la participación de empresas privadas en proyectos de obras públicas y que ha sido ideado por el Gobierno Nacional para reactivar el sector de la construcción en las provincias.

La ley que fue sancionada por 14 votos de los bloques de Ch.S.T, Cambiemos y Frente de Agrupaciones contra 10 de los legisladores del FpV que se opusieron. La diputada del Pj-FpV, Gabriela Dufour fue la que fundamentó la oposición a este proyecto por considerar como una intromisión al capital privado para participar de la obra pública y que irá acompañada de una flexibilización de los controles hacia las empresas. "No podemos aprobar una ley que baja las exigencias para la utilización de fondos públicos sin controles", disparó. El diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni tomó la palabra y dirigiéndose al FpV dijo que son los menos autorizados para hablar de control sobre la obra pública cuando Julio De Vido está preso a igual que Ricardo Jaime y José López, "este modelo se tiene que terminar y debemos acompañar este nuevo de contratación, no queremos más la corrupción del gobierno anterior", dijo.

A partir de la intervención de Pagliaroni se sucedieron otros diputados como la de José Grazzini que recordó la corrupción que hubo en la obra pública en el gobierno radical y como se dilapidaron los gastos millonarios de coparticipación del gobierno de Carlos Maestro. El presidente del bloque del Pj-FpV, Javier Touriñan dijo que esta adhesión colisiona con las leyes que están aprobadas en la provincia, "vamos a tener una superposición en la legislación porque será una ley que beneficie a los amigos del gobierno".

En tanto, el presidente del bloque de Convergencia, Alfredo Di Filippo indicó que si la justicia funcionara como corresponde no habría problemas, "reconozco que los controles no son serios porque el tribunal de cuenta ha sido manejado por el radicalismo, el PJ y la justicia ha sido muy cariñosa". Suben asignaciones Por unanimidad quedo aprobado el proyecto de ley presentado por la diputada del PJ-FpV, Alejandra Marcilla por el cual se incrementa la asignación para hijos discapacitados e hijos discapacitados escolarizados de 2600 a 3494 pesos para el personal dependiente de los tres poderes del Estado. También por unanimidad se aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada Estela Hernández por el cual se incrementa la licencia por técnicas de fertilización asistida de acuerdo a la ley nacional 26.862 destinada a los tres poderes del Estado.

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