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Patagonia Argentina podría rescindir su concesión, de acuerdo a lo que ha sido una situación reiterada en los últimos meses, cada vez que se aproximan los días de pagos a los empleados de la prestadora de dicho servicio.

El eje de la cuestión pasa por los recurrentes atrasos en los subsidios que, según la empresa, son desmentidos desde el gabinete chubutense, y ello eclosiona en un tira y afloje obligado con el municipio que busca garantizar la prestación, generándose un círculo vicioso con claro inicio en el Ejecutivo provincial, siendo carne de cañón el habitante de cada barrio comodorense, que se queda sin movilidad.

Lo cierto es que miles de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público como medio de locomoción para llegar y volver desde y hacia las escuelas o al trabajo, por ejemplo, se verían afectados ante una eventual rescisión de contrato, toda vez que hasta una nueva licitación y adjudicación, pasaría mucho tiempo sin que la ciudad tuviera el servicio.

La realidad indica que tal vez el servicio continuaría, ya que lo debería seguir prestando la empresa que abandona el servicio, pero la calidad se resentiría mucho más según advirtieron desde la propia transportista.

Intolerancia a Comodoro

Desde Patagonia Argentina adjudican al Gobierno provincial un trato intolerante hacia la urbe petrolera que con arbitrariedad manifiesta los transforma en víctimas de “digitados incumplimientos de pago”.

Calificaron de “tramposas” a las promesas efectuadas en las reuniones de mediados de agosto que tuvieron la participación del intendente y el Ente de Control de Servicios Públicos, en la que surgieron afirmaciones del ministro de Economía provincial, Pablo Oca, que hasta el momento no se han hecho efectivas, y aducen que sus reclamos son permanentemente desoídos.

Lamentan asimismo que Provincia haya dejado de subsidiar a escolares so pretexto de necesidad para acceder a ese beneficio, y que su situación ha empeorado ante la retención ilegítima de los fondos provenientes de los subsidios al transporte de orden nacional, que se canalizan a las empresas mediante las administraciones públicas provinciales.

Advierten que la deuda totaliza más de 23 millones de pesos al día de la fecha desde Chubut hacia Patagonia; en conceptos de capital: 15 son del TEG, docentes y jubilados; 2 pertenecen a subsidios provinciales; 3,5 al servicio gratuito para la policía y otros 2,5 a los subsidios nacionales retenidos.

Indicaron en tal sentido que esto les impide prestar el servicio como lo han hecho durante los últimos 40 años ya que no pueden cumplir con las obligaciones del día a día normalmente, y que además de los perjuicios que ocasión el Gobierno provincial, esto dispara automáticamente sanciones en su contra por incumplimiento en la prestación, previstas en el contrato de concesión.


Por todo ello, ya notificaron a la MCR que, de persistir la situación, se verán obligados a rescindir el contrato de prestación, dejando en vilo a la población, cautiva de dicha necesidad, y a merced de la voluntad del Ejecutivo provincial de dejar de mirar para el costado, cuando de Comodoro Rivadavia se trata.

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