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Mario Cimadevilla, titular de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia de la Nación (NA)

Por  mdinatale@infobae.com

El radical Cimadevilla a cargo de esa dependencia se quejó por la falta de presupuesto; el Ministerio de Justicia cree que ya cumplió una etapa

Trabas burocráticas, denuncias de un organismo paralizado, un largo cruce de mails, resoluciones internas fallidas, puja de egos y escasos resultados a la vista. Con toda esta catarata de antecedentes en la mano sobre la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, el Gobierno evalúa por estas horas cerrar por completo esa dependencia que se creó en el 2000 con la intención de dar celeridad a la causa judicial que investiga el ataque terrorista.

Así, la Unidad Especial AMIA, que desde que Cambiemos llegó al poder está a cargo del radical Mario Cimadevilla, podría dejar de existir en lo inmediato ya que, según analizan en la Casa Rosada, su trabajo "dejó de tener razón de ser". No solo esto. En los últimos meses la unidad a cargo del ex senador de Chubut protagonizó duras polémicas internas en el Gobierno y cuestionamientos externos de algunos referentes de la comunidad judía.

"La intención fundamental de la Unidad AMIA era darle celeridad a la causa judicial, colaborar con la redacción del proyecto de ley de juicio en ausencia y pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas del atentado. Todo eso ya se cumplió. De ahora en más la Unidad Especial de AMIA deja de tener mucha razón de ser", sentenció ante Infobae un destacado funcionario del Gobierno. El tema de la eventual clausura de esa dependencia se conversó en los últimos días entre el ministro de Justicia Germán Garavano y la Jefatura de Gabinete. Pero la resolución final no se dará a conocer hasta que no cuente con el visto final del presidente Mauricio Macri.

Desde que llegó a ocupar su cargo en diciembre del 2016, el titular de la Unidad Especial de AMIA se quejó por la falta de recursos y las trabas burocráticas que le impusieron desde el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio de Modernización para la adquisición de un software especial destinado a realizar la digitalización y el cruce de datos de todos los archivos secretos de la causa del atentado. "El manejo de la causa judicial y la investigación que podemos aportar desde esta Unidad Especial no puede estar sometido a una permanente traba burocrática del Estado. Acá hace falta una mayor celeridad en los trámites administrativos que nunca hubo", expresó Cimadevilla en diálogo con Infobae.


¿Cuál fue el detonante para acelerar la eventual clausura de esa Unidad Especial? Al parecer, la gota que rebalsó el vaso fue la idea de Cimadevilla de contratar un software en Gran Bretaña con el que se podría hacer un cruce de los miles de datos de los archivos secretos de la causa AMIA y, eventualmente, arrojar nuevas pruebas para la causa. Este software tendría un costo global de dos millones de dólares. Pero nada de ello se hizo hasta ahora.

Allegados al ministro Garavano justificaron la decisión de cerrar la Unidad Especial AMIA. Dijeron que "nunca fueron transparentes y claros los pedidos que hizo Cimadevilla: primero exigió que sea una compra directa, luego la contratación de una consultoría y después la compra de un software". El departamento jurídico de Garavano objetó los formularios que presentó en varias oportunidades Cimadevilla para avanzar con la compra del software británico por "falta de claridad en la información". A la vez, creen que la tarea de entrecruzamiento y digitalización de datos de los archivos de la ex SIDE la pueden hacer el juez Rodolfo Canicoba Corral o la comisión especial de tres fiscales que reemplazó al fallecido fiscal Alberto Nisman.

Desde el Ministerio de Justicia coincidieron ante Infobae con el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra en que "nunca hubo desde la Unidad Especial AMIA un reclamo ordenado y claro de lo que se requería". En el medio de ello hubo intercambio de mails y de formularios entre Cimadevilla y Justicia que lo único que hicieron fue generar malestar y tensión entre ambas partes.

Cimadevilla mostró un profundo malestar con Garavano por lo que denomina "una permanente muestra de trabas burocráticas" y destacó que desde el primer día contó con una estructura mínima para desarrollar su trabajo: 10.000 pesos mensuales de presupuesto y 15 abogados, adujo. Desde el Ministerio de Justicia negaron rotundamente estas acusaciones y dijeron que la Unidad Especial AMIA tiene un amplio presupuesto, un staff de personal que pocos entes estatales tienen y que se le alquiló una amplia oficina en la calle Mitre por un pedido especial del propio Cimadevilla.

La Unidad Especial AMIA fue creada en el 2000, con el fin de asistir a las investigaciones y con la facultad de "intervenir como parte querellante en las causas judiciales por encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA, coordinando su accionar con el de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia". El artículo 2° del decreto de su creación habilita a la Unidad a "monitorear" el avance de la totalidad de la causas vinculadas con el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, "proponer" al ministro de Justicia los proyectos normativos para cumplir con los compromisos del Estado Nacional con relación al ataque terrorista y "establecer espacios de diálogo" con las entidades de la comunidad judía.

En marzo pasado se emitió un decreto presidencial para desclasificar todos los archivos secretos de la causa AMIA que recolectó la ex SIDE durante 23 años y que ahora están bajo llaves en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Justicia debe tomar ahora esos archivos y la idea de Cimadevilla era colaborar con la digitalización y cruce de esos datos. Para ello se contactó con una empresa británica que, según dice el titular de la Unidad Especial AMIA, es "de las pocas en el mundo que hace esa tarea".

Pero tanto en Justicia como en Modernización le dijeron a Cimadevilla que no se podría hacer una compra directa porque se trata de un monto de dos millones de dólares, muy por encima de la cifra exigida por ley para las compras directas. En el medio de ello hubo asociaciones de la comunidad judía como APEMIA y Memoria Activa que también cuestionaron los pedidos de Cimadevilla. Allí comenzó un largo derrotero burocrático y una puja política para hacer una licitación pública que ya lleva casi siete meses, no hay resultados a la vista y Cimadevilla cree que lo único que se busca es frenar su trabajo.

Allegados a Garavano negaron todo esto y dijeron a Infobae que la Unidad Especial AMIA ya cumplió sus dos tareas centrales: ordenar el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía y colaborar con la redacción del proyecto de ley de juicio en ausencia a los iraníes involucrados en el ataque a la AMIA. Esta iniciativa ya fue presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso y cuenta con el consenso de buena parte de la oposición.

"La Unidad Especial AMIA tal como se encuentra ahora no tiene razón de ser. Ni siquiera hizo contactos con agencias internacionales de inteligencia de Estados Unidos o Europa para obtener más resultados a la causa", dijo a Infobae un encumbrado funcionario de la Casa Rosada.

Ahora solo resta saber cuál será el camino que definirá el Presidente en lo inmediato: dejar todo como está o avanzar con el eventual cierre de esa Unidad Especial.

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