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La suerte del conjunto de los trabajadores se juega todo en las elecciones de octubre. El resultado de los comicios será clave para determinar la profundidad de los cambios en el mundo del trabajo que buscan, al igual que en Brasil, arremeter con todas las conquistas alcanzadas en los últimos 70 años.

Fuentes parlamentarias aseguran que el borrador ya está listo y que el oficialismo espera los resultados de las elecciones de octubre para llevarlo a debate en Comisión. Se trata de avanzar en profundos cambios en la legislación que regula el mercado de trabajo en la Argentina.

La ambiciosa reforma laboral que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer en Brasil ofrece un envión importante para los planes con los que Mauricio Macri pretende encarar el segundo tramo de su mandato, pero en la Casa Rosada advierten que más decisiva aún para sus objetivos será la relegitimación de su gestión en las urnas. Un triunfo contundente de la oferta electoral oficialista otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.

El rol de la expresidenta se vuelve vital y decisivo en el avance o no de esta iniciativa que tiraría por tierra todas las conquistas alcanzadas por el sector de los trabajadores. “Si CFK gana por afano, le frena la embestida a Macri”, aseguró un dirigente cercano a la exmandataria.

Una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición un oxígeno clave para contrarrestar la embestida pro-reforma y reducir los cambios a simples retoques de maquillaje.

Mientras tanto, el gobierno comenzó a allanar el camino desde el discurso para su ofensiva reformista. La denuncia presidencial contra la mafia de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a los sindicatos, la retórica en pos de modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor competitividad y productividad, y el embate directo contra las protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales como el desalojo de la planta de Pepsico, se inscriben en esa línea.

“Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos”, abren el paraguas dentro de la propia CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.

El borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, refiere la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral (todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas previsionales).

Además proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación, y quizás el aspecto más ambicioso acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.

Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo sobre la legislación argentina. Bajo el argumento de la necesidad de readecuar el mundo del trabajo para generar empleo, la polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país.

A la par que incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización laboral.

En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos.

Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. “No actuar a tiempo sería suicida”, arguyen.

Algunos puntos sobresalientes de la reforma brasileña:

•Las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales en temas como el parcelamiento de las vacaciones hasta en tres veces o la duración de las pausas, a condición de que estas sean de al menos 30 minutos.

•Quedan fuera del área de negociación asuntos como el salario mínimo, el aguinaldo o los aportes a un fondo de garantía que el empleado recupera en caso de despido (FGTS), así como la licencia de maternidad de 120 días, la prima de 50% por las horas suplementarias y las normas de seguridad.

•Posibilidad de una jornada de 12 horas de trabajo, con 36 horas ininterrumpidas de descanso.

•Una de las medidas más polémicas, es que se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. El empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese periodo, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.

•La ley crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente.

•Podrá ser por “mutuo acuerdo” entre empleador y empleado, ya sin necesidad de validación sindical.

•Dejará de ser obligatorio el aporte sindical (equivalente a un día de trabajo por año). En adelante, esa contribución será opcional.

•La nueva ley determina el apartamiento de mujeres embarazadas o con niños lactantes de trabajos considerados insalubres en grado máximo. En trabajos insalubres en grado medio o mínimo, la mujer deberá presentar un certificado médico que permita su presencia en esos lugares.

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