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La diputada del PJ-FPV, Estela Hernández, realizó un pedido de informes para solicitar que se cumpla con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Provincial en cuanto a la promulgación de las leyes. Evidenció que existen cuatro leyes sancionadas en la Legislatura desde el año 2016 y todavía no están promulgadas por el Ejecutivo.

La legisladora de extracto sindical quiere conocer «cuáles son los motivos» reales por los que estos proyectos no han sido promulgados ni publicados con número de ley correspondiente en el Boletín Oficial 

Los proyectos que se encuentran en un «vacío legal» son el Nº 107/ 16 «sobre la donación de un vehículo propiedad de Jefatura de Policía» que fue sancionado el 11 de septiembre de 2016; el Nº 119/16 «sobre publicidad de los actos, programas, obras de organización públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia» aprobado el 25 de agosto del año pasado; el Nº  159/16 que sustituye el artículo 4 de la ley XI Nº 44, «sobre Canon Ballenero», sancionado el 20 de octubre del 2016; y el Nº 180/16 «sobre la adhesión a la Ley Nacional Nº 25.517 que fue refrendado por la Legislatura el 17 de noviembre del año pasado.

Cabe destacar, que hay un gran disconformismo en la Legislatura con la Asesoría Legal de Gobierno, no solamente de la oposición, sino también de los diputados oficialistas y hasta del círculo del propio vicegobernador Mariano Arcioni.

ESTANCIA SAN LORENZO

La diputada de Cambiemos, Jacqueline Caminoa, presentó un pedido de informes para conocer si continúa vigente el Convenio firmado entre la Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas, dependiente en aquel entonces del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la Provincia del Chubut y la Estancia «San Lorenzo» que fue sellado el 7 de diciembre de 2011.

En el convenio se desprende una autorización a dicho establecimiento para «la explotación turística con los recaudos correspondientes» por tratarse de un lugar emplazado en un Area Protegida.

No obstante, el acuerdo ratifica que el propietario «está obligado» al pago de una prestación dineraria destinada a la cuenta especial correspondiente a las Areas Naturales Protegidas «por ser beneficiario directo de la Explotación Turística de los Recursos Naturales y Culturales ubicados en los límites de la Estancia, en el Area Natural Protegida Península Valdés».

La inquietud de la diputada es que en dicho convenio «se deja plasmado en una de las cláusulas que el mismo tendrá vigencia a partir del 07 de diciembre de 2011, pero no aclara si dicha vigencia vence en alguna fecha específica o si continuará hasta que se disponga lo contrario».

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