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Lo hizo a través de una nota dirigida al presidente del cuerpo, Daniel Boillos, integrante de Chubut Somos Todos. La Intendenta busca agotar las instancias de diálogo antes de recurrir a la Justicia para denunciar un conflicto de poderes. “Paralizar la ejecución de obras para beneficio de la gente no se compadece con el compromiso que todos debemos tener con nuestra comunidad”, dijo la Intendenta.

La intendenta Rossana Artero envió una nota formal al presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Daniel Boillos, de Chubut Somos Todos, con el objetivo solicitar que el cuerpo deliberativo revea la decisión, plasmada por ordenanza impulsada por la oposición, de redireccionar los fondos del bono provincial de endeudamiento (Ley VII N° 72) de manera exclusiva a obras de cloacas, agua, gas y energía eléctrica. La solicitud de la Municipalidad tiene como objetivo agotar la instancia de diálogo antes de recurrir a la Justicia para presentar una medida cautelar y una denuncia por “conflicto de poderes”.

Además, mediante el pedido formal se le recordó a Boillos que los fondos para Rawson están previstos en el presupuesto 2017 aprobado por el propio Concejo y, en virtud de ello, solicita que se dé tratamiento a tres convenios firmados en agosto y octubre de 2016, y mayo de este año, remitidos al cuerpo deliberativo y nunca tratados, lo cual generó la paralización de toda la actividad referida a los convenios.

En la nota presentada al presidente del Concejo, Artero recordó que por medio del bono de endeudamiento, aprobado por la Legislatura del Chubut, le correspondieron a Rawson algo más de 76 millones de pesos para la realización de obra pública por el sistema de obra delegada, tal como establece la propia legislación provincial.

Para cumplir con el sistema previsto por la ley provincial, se firmaron los tres convenios mencionados con el objetivo de determinar las condiciones de la entrega de los fondos asignados y las obras delegadas por la Provincia. Los convenios fueron firmados el 31 de agosto de 2016, el 16 de octubre de 2016 y el 12 de mayo de 2017.

“Los fondos que le corresponden al municipio a ingresar durante el ejercicio 2017 ya han sido incorporados al presupuesto de la Municipalidad y dicho presupuesto fue aprobado por los señores concejales mediante la ordenanza 7.767/17, fijándose el destino específico previsto” en la ley de endeudamiento provincial, recordó la Intendenta en la nota a Boillos.

En este contexto, Artero le mencionó al presidente del Concejo Deliberante la falta de tratamiento de los convenios suscriptos entre el municipio y la Provincia, ya que esta situación “implica la nulidad absoluta de los acuerdos firmados entre el Gobernador de la Provincia y esta Intendenta”.

Además indicó que “existe un error de interpretación de lo que es el sistema de obras delegadas fijado en la ley” de endeudamiento provincial. Artero le aclaró a Boillos que “la Provincia determina un plan de obra y delega en la Municipalidad su ejecución”, por lo cual “no existe posibilidad legal de modificar lo convenido por parte del Concejo Deliberante”.

“Ustedes -agrega Artero- ya lo han incorporado al presupuesto, han aceptado el destino de los fondos (obras públicas) y solo falta la ratificación de los convenios para comenzar la ejecución de las obras delegadas”. 

“La facultad que tiene el Departamento Ejecutivo de suscribir los convenios remitidos al Concejo son actos de gobierno que complementan la voluntad de la Legislatura que sancionó la Ley VII N° 72 y el Ejecutivo Provincial que toma la iniciativa de determinar la forma de desembolso y acuerda un plan con el municipio”, añadió Artero.

En consecuencia, agregó, “la facultad del Concejo Deliberante otorgada por la Carta Orgánica en materia de convenios les permite a ustedes controlar la constitucionalidad y la legalidad del convenio sometido a su consideración y, salvo que el mismo afecte el interés público de forma fundada, no puede ser rechazado ni dejado de tratar por parte del Concejo”.

Responsabilidad política
De esta manera, la Intendenta definió que “la imposibilidad de utilizar los más de 76 millones de pesos que están disponibles implica una responsabilidad política e institucional que, a criterio de este Departamento Ejecutivo, constituye un conflicto de poderes que debe ser saldado mediante el diálogo, que impida un proceso judicial que estamos dispuestos a promover y que prolongará la realización de las obras cuya ejecución ha sido delegada por la Provincia en este municipio”.

“La falta de ratificación de los convenios en tiempo oportuno -prosiguió Artero- derivará necesariamente en la profundización del conflicto de poderes”, ante lo cual “recurriremos al Superior Tribunal de Justicia”.

Compromiso con la comunidad
“Por lo expuesto -concluyó Artero- insto a los señores concejales a que, más allá de nuestras diferencias, pongamos las necesidades de la comunidad por sobre cualquier otro interés”, ya que “hoy existen obras a iniciar, con expedientes avanzados y existen fondos disponibles que posibilitan la ejecución inmediata de muchas de las obras previstas y que, por sobre todas las cosas, favorecen a numerosos vecinos de Rawson”.

“Paralizar el proceso de ejecución de obras para beneficio de la gente, que además genera mano de obra local, en el marco de una situación económica recesiva, no se compadece con el compromiso que todos debemos tener con nuestra comunidad”, finalizó.  

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