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La diputada del PJ-FpV, Estela Hernández lamentó que el Poder Ejecutivo haya vetado su ley para que el ministerio de salud sea el único organismo que certifique la discapacidad.

En el reciento dijo que “el Ejecutivo no está hecho para vetar leyes que por su origen y contenido no le gusten al gobernante de turno, la ley vetada quita atribuciones exclusivas o daña el bien u orden público. 

El veto no es el poder discrecional de un monarca, es una herramienta que solo debe usarse en casos de evidente utilidad o necesidad extrema. 

Por lo cual su uso debiera ser excepcional, porque sino estamos claramente abusando de la República y debilitando la institucionalidad y trasformando a este en otro sistema de gobierno, aquel donde las únicas leyes promulgables son aquellas que quiera el Ejecutivo.

Lamentablemente esta facultad para el ejecutivo provincial se está volviendo un hábito peligroso; una facultad que debiera ser utilizada con gran cautela y precaución, solo tiene como fin bloquear cualquier tipo de iniciativa del legislativo, incluso aquellas que benefician al pueblo”.

Indicó que el 17 de noviembre fue vetada una ley de protección a las personas con discapacidad, cuyos fundamentos son vacíos, “la Ley modificaba el art 3° del la Ley I N°296 que excluye a Seros de la junta evaluadora para la aprobación del certificado de discapacidad, por ser Juez y parte y tener obviamente intereses contrapuestos”.

Expresó que esta Ley fue debatida con todos los sectores políticos Y con la representante de ONG de discapacidad de la Provincia del Chubut, que a su vez en miembro de la Comisión de legislación del CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD Y DEL CONSEJO DE DISCAPACIDAD PROVINCIAL la señora Marilyn Rodríguez, y también toma conocimiento el Director de Discapacidad de la Provincia. 

Esta Ley fue un pedido de las ONG que realizan prestaciones de servicios en discapacidad en el año 2014. Fue votado por unanimidad por los miembros de la asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad.

Aclarado esto paso a los fundamentos del veto:
“Que en un todo de acuerdo a lo informado por el instituto de Asistencia Social y Seguros de la Provincia mediante nota N°6311/ 16 se procede a vetar”: 

Mi pregunta acá es porque no se giró la nota al Consejo de Discapacidad o al Director de discapacidad de la Provincia o las organizaciones del pueblo que tratan y se ocupan de la discapacidad de las personas para ver que opinaban, raro no, los principales actores se quedan sin voz y sin opinión. 

Haciendo resonancia de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, como así también a lo que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad observa con preocupación que el hecho de que no toda la legislación provincial del Estado parte esté armonizada con la Convención, genera disparidades en la forma en la que a nivel local se entienden los derechos de las personas con discapacidad y a su efectiva implementación. 

El Comité insta al Estado parte a que tome las medidas necesarias para armonizar toda su legislación a nivel federal, provincial y local con los preceptos de la Convención, contando para ello con la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención.

Que cuando se modificó con anterioridad fue por la necesidad de tener un médico de su obra social dentro de la junta de evaluación.

Situación irracional puesto que obra social seros tiene intereses claramente contrapuestos. Y no puede estar porque existen las Leyes Nacionales N° 25504, 22431 y 24901 que reglamenta el certificado único.-

Que no se logró especificar o demostrar de qué modo se vulneraria los derechos personalísimo.

Situación que en cada caso concreto y en la justicia se va comprobar porque este artículo es anticonstitucional. Y repito es el Ejecutivo el que debe inequívocamente demostrar que la ley vetada quita atribuciones exclusivas o daña el bien u orden público, situación que no sucede. Esto esta comprobado por el gran porcentaje de recursos de amparo, causas judiciales, denuncias que tiene la obra social.

Que no se pudo demostrar la desigualdad con las demás obras sociales y prepagas debido a que todas hacen un control de certificaciones ya sea previa o posterior.

No hay congruencia en lo que dice, me gustaría invitar a todas las obras sociales a que opinen del mismo y lo mas probables es que a todas les convenga estar en la junta de evaluación de los certificados de discapacidad y lo más probable es que no existan personas con discapacidad. No se puede ser juez y parte. Hay intereses contrapuestos.

Que lejos de perjudicar los derechos de las personas comprendidas en esta Ley, se entiende que misma tienen la certeza de que percibirán efectivamente las prestaciones requeridas conforme su condición.

NO DEMUESTRA ESA CERTEZA a la que se refiere y menos aun si la obra social seros puede fácilmente e impunemente cometer injusticias en la junta evaluadora.

Este 3 de Diciembre se celebra el día internacional de las personas con Discapacidad. 

Para que podamos celebrar, primero hay que reconocerles sus derechos y sus voces y a la vista existe un desinterés por la voz de las asociaciones civiles de discapacidad.

Mientras no hay tiempo para discutir y votar las propuestas de las organizaciones del pueblo, mientras sus voces son acalladas, miles de hombres y mujeres esperan simplemente que se cumplan las leyes.

Por ejemplo; Lidia que desde Marzo espera su procesador coclear.
Nancy que hace un año espera su intervención de cadera.
Arsenio que a su hija le sacaron la cobertura a pesar de tener una discapacidad profunda.
Ema espera hace dos años su prótesis para su cirugía.
Débora que no sabe que hacer por que solo le liquida la obra social 200 pesos por traslado de su hija con discapacidad. 
Todos casos reales y hay otros miles que siguen esperando o realizando acciones legales como recursos de amparos que dependiendo en que juzgado o juez que cae, será la respuesta favorable o no.

La política pública debe ser la herramienta para cambiar esta realidad pero para ello debe haber una decisión política de querer hacerlo.

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