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La diputada del PJ-FpV, Gabriela Dufour consideró que poner el foco en el juez federal con asiento en Esquel, Guido Otranto por haber liberado al activista mapuche Facundo Jones Huala y en las cuestiones judiciales por parte del gobierno “es negar el derecho que tienen los pueblos originarios cuando ellos sólo quieren que se les reconozca el derecho sobre la tierra y los derechos comunitarios y que la interculturalidad de la educación esté instalada”.

Para la legisladora, “todos los que hemos conocido el expediente por lo cual actuó el juez Otranto nos lleva a pensar que se ha cometido irregularidades en la investigación, hay investigadores de la AFI y fiscales denunciados, y mucha de la información que se consiguió para ese expediente fue mediante torturas y está probado, por lo que al juez Otranto no le queda otro remedio que hacer cumplir el estado de derecho porque la investigación fue mal hecha”.

Dufour sostiene que Das Neves no tiene porqué pedirle la renuncia al juez federal que actuó bien y le solicitó que no confunda a la población, “no estoy defendiendo actos delictivos, debe quedar en claro que defiendo el Estado de derecho en el sentido amplio, nadie como yo puede decir que lo peor que pueda pasar es que el Estado se entrometa en la justicia, porque lo único que obtenemos es irregularidad, imparcialidad e injusticia”.

La legisladora le insistió al Poder Ejecutivo que deje actuar tranquilo al juez que ha llamado a una mesa de diálogo “para intentar resolver lo que el poder político no puede, incluso también lo de La Trochita y es nuestra obligación no confundirá la población, debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos denuncias sin pruebas”. 

No duda que ella ha sido una de las que ha sufrido la persecución de la justicia, “la comunidad mapuche ha solicitado que se esclarezcan muertes sin tener ninguna respuesta y ahora el Estado va contra quienes tratan de aplicar la ley”.

Sobre la solicitada del gobierno pidiendo la renuncia del juez Otranto, Dufour indicó que hay un mecanismo que es el jury y ese es el ámbito constitucional, “no hay que confundir a la población, si hay pruebas que actúe la justicia, pero si las pruebas muestran ilegalidad en el proceso se debe respetar el estado de derecho porque entraríamos en un sistema autoritario afectando a los más vulnerables”.

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