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Organizaciones e instituciones manifestaron su preocupación por los conceptos vertidos en un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la seguridad social.

A esto se suma -indicaron mediante un comunicado- la denuncia por la actuación de un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia que se encuentra procesado por la Justicia Federal por espiar actividades lícitas de la población recopilando datos prohibidos por la ley de inteligencia referidos a reclamos indígenas y a vecinos que se oponen a la “megaminería”. Además, recordaron los intentos de aplicar la ley antiterrorista.


El documento fue firmado por Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional, Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). Asimismo firmaron representantes de la
Confederación Mapuche de Neuquén,
Cuenca Salinas Grandes Guayatayoc,
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Salta,
Parlamento Indígena de la zona Centro,
Parlamento Mapuche de Río Negro, y
Unión de los Pueblos de la Nación.

A Das Neves

También se refirieron a los dichos del gobernador de Chubut Mario Das Neves en conferencia de prensa el 14 de noviembre exigiendo la renuncia del juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto. “Das Neves exige la renuncia de Otranto porque el juez declaró la nulidad del proceso contra el Lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche que enfrentó un pedido de extradición por parte del gobierno chileno”, indicaron las organizaciones. Recordaron además que la medida judicial fue fundamentada en las “graves violaciones a garantías constitucionales penales del imputado y la normativa vigente de derechos humanos por parte de la Policía Provincial”.

Estigmatización y Racismo

 En la conferencia de prensa, Das Neves declaró: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”. Al respecto los denunciantes afirmaron que lo hizo en alusión al pueblo mapuche, ” explicitando expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la letra y el espíritu del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT”. Das Neves responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente.  Para agravar la situación, desde su investidura instó “a la gente que reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones adelante”.

“La gravedad de las declaraciones, por la intromisión del gobernador en actuaciones del Poder Judicial de la Nación, representa una afrenta contra el estado de derecho y la elemental división de poderes sobre la que se asienta nuestra república y el sistema democrático. Consideramos que los dichos no solo atentan contra la dignidad del pueblo mapuche y la investidura de un juez federal sino que tiene por objeto encubrir el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad chubutenses”, indicaron.

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