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Por Luis Dupuy
dupuy2019@gmail.com

Consultado un prestigio ex integrante de la Justicia del Chubut, ya jubilado, fue contundente en su respuesta. “Tienen una inagotable capacidad para inventar negocios espurios”.  El disparador fue un mensaje de texto que circuló por muchos teléfonos de funcionarios con un comentario sobre una nueva  reciente licitación abierta en beneficio de una Entidad Intermedia para la cual el IPV Chubut construirá ahora una significativa cantidad de viviendas.

El IPV Chubut es Corrupción Institucionalizada, afirmaba otro texto. Y había un tercero que decía que los programas con Entidades Intermedias son un “atajo” para conseguir rápido una vivienda.

Como se sabe la actual composición de la Honorable Cámara de Diputados del Chubut, sancionó el pasado 7 de julio la Ley XXV N° 56 por la que se creó una Comisión Investigadora de lo actuado en los últimos doce años por el IPV y DU.

Si bien es cierto que ya fueron designados los Diputados que integrarán esa Comisión Especial, la misma orgánicamente no empezó  a trabajar,  pero también se sabe que varios legisladores continúan con las investigaciones que ya traían como inquietudes personales cuando llegaron a ocupar sus bancas, y en este tiempo, han requerido informes al Instituto que si bien sigue entregando datos parciales, permiten ir confirmando en algunos casos, las sospechas de múltiples irregularidades.

Hay operatorias que en particular han llamado la atención de varios Diputados. Una de ellas es la de los Prestamos Individuales. Por ejemplo los 80 créditos entregados a 50 años de plazo entre los años 2004 y 2005 en el primer mandato de Mario Das Neves.  El  IPV según un informe remitido a la Cámara de Diputados autorizó desde el año 2004, a mayo de este año la cantidad de 2.955 préstamos por un monto superior a los ciento setenta y cinco millones de pesos.

Grandes interrogantes originan varias de las operatorias con algunas de las Entidades Intermedias. Pareciera ser que el denominado “atajo” para acceder en pocos años a una vivienda, se ha transformado en una metodología  ya estandarizada, habitual  entre algunos dirigentes gremiales y sociales que haciendo valer sus contactos consiguen primero las tierras, luego los créditos y seleccionan y adjudican las viviendas según sus propios criterios y conveniencias.

Esta situación, que es legal, y sin embargo no deja de ser una estafa a las 34 mil familias que llevan años y años esperando una vivienda del estado. Irrita también mucho el comprobar que hay múltiples casos donde entre los beneficiarios de algunas de estas Entidades Intermedias aparecen los apellidos y nombres de funcionarios y de sus familiares, que habrían sido “invitados” para cubrir los cupos de casas obtenidas por algunas de esas organizaciones.  

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