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Hay dos fiscales investigados en la causa: Fernando Rivarola y María Bottini, Debían declarar el 23 de agosto ante el juez federal Guido Otranto pero se negaron.

Osvaldo González Salinas, víctima del espionaje ilegal en Esquel y querellante junto a Gustavo Macayo, en FM Tiempo Esquel recordó que los fiscales investigados en la causa, Fernando Rivarola y María Bottini, el 23 de agosto debían declarar ante el juez federal Guido Otranto pero se negaron.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal pidieron declarar y lo harán el 19 y 20 de septiembre. 

No podrán concurrir los querellantes ni sus abogados, como es el caso del propio González Salinas y Macayo, víctimas y representantes de los vecinos a la vez.

El exconcejal recordó que el caso de las espías a vecinos militantes por el “No a la mina” y de otras actividades se conoció el 28 de agosto de 2015, cuando aparecieron varias personas fichadas por un agente de la ahora Agencia Federal de Inteligencia “sin ninguna orden judicial”.

Esas fichas fueron recibidas por la Fiscalía, que las incorpora a un legajo en el que se investigaba la ocupación de tierras en Leleque. Pero también quedan las fichas de quienes se oponen a la minería, dejando al descubierto que se estaba ante un espionaje ilegal.

Cuando surge ese hecho que se hizo rápidamente público, los tres fiscales provinciales jefes,  Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori, fueron al Juzgado Federal a hacer la denuncia, “sin imputar a nadie. Pero se entiende que fueron a denunciar al espía”, explicó González Salinas.

Entre el material que aportaron los fiscales apareció un video de 57 minutos: la reunión que tuvieron con el espía que fue a verlos. De ese encuentro participaron Rivarola y Bottini. No obstante Révori está citada como testigo, junto a otros funcionarios judiciales de la Provincia. Este dato se conoce en esta nueva instancia de indagatoria, de los próximos días.

El abogado recalcó que “nuestras expectativas en la causa son grandes y alentadoras, porque vemos que Otranto está avanzando firme en la protección de los derechos humanos de la población. No podemos ser espiados porque a un agente de inteligencia o a un fiscal se les ocurra; tiene que haber una causa concreta y un juez que lo ordene”.

Insistió Osvaldo González Salinas en que en una investigación por ocupación de tierras, había fichas de vecinos del “No a la mina” y contó que aparecieron en un archivo electrónico titulado “Activistas anti-mineros de la Comarca Andina”.

El agente de inteligencia está procesado pero apeló en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En este marco hace poco hubo una audiencia a la que concurrieron los letrados González Salinas y Gustavo Macayo, junto a dos vecinos querellantes. Estuvieron el fiscal y el abogado del espía. La querella argumentó por qué considera que el procesamiento corresponde. 
Ahora se espera el dictamen de la Cámara.

Preguntado González Salinas acerca de la pena que les podría caer a los fiscales procesados, sostuvo que se trata de un delito muy grave que puede tener hasta 10 años de prisión. Si el juez no les imputa el espionaje, si existe un delito –advirtió- que es el de no haber denunciado al espía, cuando tenían en su poder las fichas de los vecinos desde mayo de 2015, y la información se conoció en agosto del mismo año.

Señaló por otro lado que una persona que permaneció en Esquel por algún tiempo hasta el año pasado, y que se mezclaba entre los medios en eventos públicos y tomaba fotos podría ser quien hizo las fichas de los vecinos, y luego se las entregó al espía que fue a la Fiscalía a dejar el material.

“El juez investiga si quien se mezclaba entre los periodistas (alto y rubio), tuvo alguna participación en el caso de espionaje, y si pertenece a alguna agencia de inteligencia”, subrayó González Salinas.#

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