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Lo dijo el flamante juez de la Sala Civil del Superior Tribunal, Mario Vivas, quien además se quejó por la falta de presupuesto de la Justicia.

“La ejecución del presupuesto del año pasado, que era de 86 millones de pesos, no llegó a dar más allá de la mitad”, dijo Vivas.

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

Qué diagnóstico haría del tema violencia familiar y de género en Chubut?

-La provincia no escapa a la realidad. Hay una ley interesante, la 1.512, de avanzada en materia de procedimiento, que habilita a jueces de garantías y de Familia a adoptar una serie de medidas cautelares que no todas las provincias tienen. Sucede que requiere de una mayor atención y de crear organismos especializados. La cuestión de la violencia familiar pasa primero porque la gente tome conciencia a nivel familiar, y el Estado también, de que no es poca cosa lo que está sucediendo. Es algo grave. Lo segundo es la prevención y eventualmente la sanción, que es a lo que hay que tratar de evitar llegar. Prevenir sería lo ideal antes que sancionar.

-El juez Martín Alesi dijo que en Rawson hay zona liberada, ¿cómo le cae?

-Es tremendo. No es un problema propio de Chubut y desgraciadamente abarca todos los sectores, no reconoce niveles socioeconómicos. Es terrible y hay que poner en práctica todas las herramientas legales que existen. Tenemos una ley de protección que hay que hacer cumplir, sencillamente. Para eso debemos concientizar al juez, al abogado de la víctima, y al victimario. Debe haber un compromiso social, no simplemente tratar de defender de una situación a una familia. Al ser un problema social no podemos estancarlo en que es un problema sólo de la Justicia. La ley exige que los tres poderes del Estado trabajen juntos a nivel provincial y municipal. Tenemos que dejar esos pruritos de que “Yo con el Poder Judicial o con los jueces o con los diputados no trabajo”. Debemos armar equipos entre los tres poderes para resolver este flagelo. No podemos limitarnos a decir “No”. Lo exige y dice la ley. Mientras cada uno lo haga desde compartimentos estancos, la violencia familiar no se resuelve. Si es en conjunto tenderá a solucionarse. No creo que se elimine así nomás ni será fácil.

-También hace falta plata….

-Ese es el gran tema. Cuando no hay plata tiene que nacer el ingenio.

-¿Asumido en el Superior ya sufre la falta de fondos?

-Lo venimos sufriendo hace mucho. ¡Si quiere lloramos un rato! Tenemos problemas presupuestarios serios. Incluso la ejecución del presupuesto del año pasado, que era de 86 millones de pesos, nos llegaron a dar más allá de la mitad y mucho fue para cancelar deudas de años anteriores. Estamos frente a un gran problema, grave. Aparte está el conflicto de los jueces que hay que resolver. El Superior está trabajando con el gremio y con la Asociación de Magistrados y Funcionario para resolverlo de una vez por todas y arrancar de cero. Que el Gobierno deje de tener la sangría que está teniendo, el Estado en realidad, todos nosotros, a partir de las trabas de embargo sobre regalías. Eso nos impide poder avanzar sobre previsiones futuras. Debemos optimizar y usar los recursos de la mejor manera.

-¿Hace falta otra relación con Legislatura?

-Asumí un compromiso y a través de la Oficina de la Mujer del Superior voy a trabajar conjuntamente. Como lo hacemos en esa línea lo tenemos que hacer con todas las líneas. El Estado tiene tres poderes, no uno solo. A la gente no le importa qué le corresponde hacer a cada quien. Le corresponde al Estado. Y el Estado funciona a través de los tres poderes. Pelearse es la opción menos recomendable. Hay que sentarse a la mesa y buscar soluciones. Estamos dependiendo de que el Ejecutivo baje dinero. El Poder Judicial tiene recursos propios muy acotados. Se necesitan 500 millones de pesos de acá a fin de año para afrontar sus gastos. Lo salarial es el 95 por ciento del presupuesto. Estamos quedándonos en el 5 para el resto de los gastos. Los 500 millones es un pedido que la Administración General calculó como lo que hace falta para poder completar los salarios de acá a fin de año.

-¿Ya lo pidieron?

-No sé si está hecho el pedido o se habló con el ministro de Economía. Yo no firmé nada. Es muchísima plata pero el administrador general (Héctor Capraro) nos habla de ese dinero. Somos 1.300 agentes en total entre funcionarios, jueces y empleados, de los cuales jueces somos cien. Hay alrededor de 700 empleados y el resto son funcionarios. Hablé el tema y pedí información. Me interesa mucho la cuestión y me preocupa. Es un montón de plata.

-Son 500 millones que no están…

-Claro, es dinero que no está y salieron a buscarlo. Entiendo que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. El tema es que el año pasado generamos 15 millones de pesos por Tasa de Justicia. Si nos aprueba la Legislatura el proyecto que hemos mandado triplicaríamos ese ingreso, pero realmente hoy contamos con escasos de recursos propios.

-Usted es uno de los amparistas, ¿cuánto reclama?

-La verdad que ni idea tengo porque al amparo lo paré. Hice fue lo que haría cualquier persona a quien no le cumplen con un acuerdo: lo ejecuta. Los pactos están hechos para cumplirse. Máxime entre jueces y Gobierno.

-¿Lo ejecutó?

-Lo comencé a ejecutar y realmente como tengo fe en que lo vamos a arreglar, mi expediente no se mueve hace unos cuantos meses. Estoy con otros jueces y decidimos esperar. En este momento no sé si hay alguna traba de embargo porque estamos en el trámite de ampliación de liquidación. Comparado con otros casos cobré un “piquito” y no hemos trabado un nuevo embargo.

-¿Cuánto es un “piquito”?

-Aproximadamente 90 mil pesos. Hay gente que cobró arriba de un millón de pesos.

-¿Y si tiene otro reclamo está frenado?

-Lo tengo frenado. Ni siquiera está aprobada la liquidación. Cuando nos enteramos de que el gobierno actual quería llegar a un acuerdo dijimos “Vamos a parar”. Y muchos lo han hecho así. En líneas generales, el juez o funcionario que está ejecutando brega por un acuerdo, en la mayoría de los casos. Lo que queremos es resolver este problema, que nos hagan una propuesta seria y la analizaremos. Sé que está en ese camino y que lograremos un acuerdo. No hay razón para ejecutar. Lo que menos quiere un juez es tener que tomar el último recurso, que es el embargo o la ejecución para cobrar lo que le corresponde. Quiero dejar en claro que es dinero que nos corresponde, es un acuerdo del Gobierno anterior con la Asociación. Y que no cumplió. Después lo quisieron enmendar pero no se cumplió y debemos hacerle honor los jueces y los funcionarios públicos que firmamos y tenemos responsabilidades. ¿Qué dejamos para la gente si no somos los primeros en dar el ejemplo? El ejemplo también es honrar la deuda y significa pagarla si se firmó un convenio; y si no se cumplió, ejecutarlo.

-¿Qué siente al recordar la foto de cuando se firmó ese acuerdo?

-La tengo muy presente. Francamente siento una gran decepción como ciudadano, porque eran dos funcionarios, un representante de la Asociación y el gobernador abrazándose para una foto hermosa y digo “Me sacaron este convenio para la foto”. Pero ya pasó, esperemos que se pueda resolver. No cumplir un acuerdo es grave para un particular y más todavía cuando lo hace un funcionario. Pero habrá tenido sus razones, que nunca las conocimos porque nadie nos convocó para decirnos “Miren, no les vamos a poder pagar, espérennos un año, seis meses o tres”. Con toda seguridad los jueces lo íbamos a hacer. Significa que si nadie nos convocó es porque no las tuvieron las razones, entonces estamos peor.

-¿No hubo propuesta por ahora?

-El fiscal de Estado (Diego Martínez Zapata) está trabajando con los jueces y sé que hay voluntad del Gobierno en ese sentido. Por esa razón es que decidimos esperar el tiempo que fuese necesario para que nos hagan la propuesta para analizarla. Y estoy convencido de que lo van a hacer.

-El exministro José Luis Pasutti dejó un proyecto en Legislatura para agilizar la justicia civil…

-Eso ya está viejo. No digo que no sirva, es sumamente interesante porque tenía el puntal en la oralidad, que es hacia dónde vamos, pero el problema es que salió el nuevo Código Civil y Comercial, que trae un montón de normas procesales, entonces habría que trabajar sobre lo que dejó Pasutti. Lo hemos hablado ya con camaristas y jueces de la cordillera. En personal y creo que la Sala Civil comparte esta idea, tenemos rápidamente que ir por un Código de Procedimientos moderno adaptado a la nueva legislación.

-Pero algo hay que hacer, porque en lo civil la gente pierde un juicio y se entera cuando ya no puede hacer nada...

-Urgentemente. Y necesitamos la oralidad, la optimización de recursos a partir de unificar en una oficina judicial, por ejemplo. Que todo el mundo trabaje bajo un solo jefe y que los jueces se dediquen a sacar sentencia, que es lo que la gente quiere. ¿Al juez qué le pasa? Está atendiendo cuestiones de gestión y personal, que no hacen específicamente a su tarea. En la medida que pierde el tiempo no se dedica a lo suyo. Necesitamos jueces que se dediquen a dictar sentencias, esa es la verdad.

-¿Es muy difícil convencer a los colegios de abogados?

-No, la dificultad se puede presentar en algunos estudios jurídicos porque esto requiere audiencias y presencias, y quizás su estructura no les dé abasto para ir a audiencias permanentemente. Fui abogado muchos años y soy consciente de que cuando se superponían dos o tres audiencias se nos complicaba. Pero es manejable, hay que sentarse con los colegios y escuchar a todos los jueces y a quienes litigan. Todo el mundo estará de acuerdo.

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