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Por Lucas Cremades
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Un violento desalojo en terrenos del magnate en Chubut provocó la solidaridad de la asamblea antiminera. La Justicia intentó aplicar la ley antiterrorista. Una disputa que incluye a agentes de inteligencia y papeles flojos en las transacciones.

Ni los que viven en la Patagonia ni los que habitan las grandes metrópolis desconocen que las maravillosas extensiones del sur argentino son un patrimonio natural único en el mundo. Sin embargo, la historia oficial nunca pudo ocultar el saqueo a los pueblos originarios ni la entrega, propiciada por el entonces presidente Julio Argentino Roca a partir de la llamada Conquista del Desierto, que preparó el escenario político para que millones de hectáreas pasaran a ser propiedad de empresas extranjeras.
En Chubut, las consecuencias del arrebato cultural, político y social contra las comunidades mapuches y tehuelches –entre otras– que habitaron antes que nadie esta porción del territorio se padecen a diario. El pasado 27 de mayo, efectivos policiales, de Gendarmería y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) iniciaron un violento desalojo contra los integrantes del lof (comunidad) mapuche del Departamento de Cushamen. Comunidad que desde el 13 de marzo de 2015 propició la reconquista de sus tierras ancestrales en una de las estancias que la multinacional textil Benetton, propiedad del magnate Luciano Benetton, tiene en el paraje de Leleque, en la zona conocida como Vuelta del Río, a la vera de la ruta 40 y a 100 kilómetros de Esquel.

El desalojo, durante el cual llevaron a mujeres y niños a la rastra, esconde vicios judiciales. En el marco de la demanda del grupo Benetton contra la comunidad, la fiscal Camila Banfi imputó por usurpación y abigeato a los detenidos y pidió seis meses de prisión preventiva para uno de los líderes, Facundo Jones Huala –sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por una causa en Chile–. El juez provincial Martín Zacchino redujo la condena a 60 días.

Luego de la recuperación de estas tierras  en el 2015, el Ministerio Público Fiscal de Chubut inició acciones judiciales contra el Lof en Resistencia Mapuche e intentó aplicar, por primera vez en la Argentina, la ley antiterrorista para perseguir a los mapuches: la justicia federal rechazó los argumentos. El intento de aplicar esa polémica ley desnudó una oscura trama de espionaje sobre distintos actores e integrantes de la sociedad de Esquel, que derivó en una denuncia de un grupo de vecinos espiados contra la fiscalía local en el Consejo de la Magistratura. El escándalo no impidió que Luciano Benetton –a través de la Compañía Tierras del Sur SA– se sumara al reclamo contra la comunidad para exigir la restitución del predio hoy ocupado.

“Dos mujeres y cuatro niños, uno lactante, fueron obligados a estar más de 20 horas a la intemperie, con los gendarmes ocupando sus casas”, contó la abogada.

“Son muchas personas, varios jóvenes, todos pertenecientes a comunidades de pueblos originarios de distintos puntos los que han confluido en la recuperación de ese territorio”, cuenta a Veintitrés Pablo Quintana, periodista de Esquel. “Están liderados por el lonco (cacique) Facundo Jones Huala, sobrino de Martiniano Jones Huala. Único imputado por la recuperación en la causa que abrió la fiscalía el año pasado. Días atrás, en el propio territorio recuperado nació una bebé”.

Respecto del desalojo, Sonia Ivanoff, defensora de Facundo, resaltó que “había una orden de allanamiento para ingresar e identificar a los presentes sin vulnerar la integridad y dignidad física y moral de esas personas… (pero) hubo situaciones de vulneración, en especial en el caso de dos mujeres y cuatro niños, uno lactante, obligados a permanecer más de 20 horas a la intemperie mientras los gendarmes ocupaban sus casas”.

“Igual que ocurrió en la Conquista del Desierto y en la última dictadura, ahora nos quieren echar de nuestras tierras ancestrales”, dijo la madre del único detenido tras el desalojo.

El proceso de investigación de la fiscalía sobre la ocupación caducó el 5 de junio pasado. “Ahora están pidiendo una extensión de cuatro meses –agrega Quintana–. El año pasado en el marco de esa causa hubo un pedido de aplicar la ley antiterrorista. Pero el fuero federal, con asiento en Esquel, a cargo de Guido Otranto, rechazó la aplicación de la normativa y ahí se produjo un litigio que llega hasta hoy. Hacen el allanamiento en el territorio para dar con Facundo Jones Huala. A posteriori, la Justicia dice que encontró animales muertos y la presencia de un arma calibre 38 y detienen a siete personas”, señaló el periodista de FM Kalewche. 
“Igual que en la Conquista del Desierto y en la dictadura, nos quieren echar de nuestras tierras”, dijo la madre del único detenido tras el desalojo.
La detención y la violencia del desalojo despertaron el reclamo de gran parte de la sociedad vecina de Esquel, nucleados en la histórica Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina –que en marzo de 2003, a través del primer plebiscito antiminero del país, alcanzó un 81 por ciento de votantes en rechazo a la explotación de una mina de oro y plata en las afueras de la ciudad–. Los manifestantes protestaron frente a los tribunales locales. “No fue un desalojo –acusa Humberto Kadomoto, integrante de la asamblea–. La orden que pesaba era un pedido de captura internacional. Ellos, amparándose en ese pedido, dicen que vieron cueros de animales. La fiscal ordena a la policía que desalojen a la gente y no la dejen entrar hasta hacer una inspección ocular. Los dejaron en el medio del campo, con temperaturas bajo 0, mientras la fiscal se encontraba en Comodoro Rivadavia, a 600 kilómetros de Esquel. Lo que pretendía era que la gente se cansara y se fuera, pero lo que logró es una comunión de las localidades de la zona para apoyar a los mapuches”, explicó Kadomoto.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, “Jones Huala fue aprehendido en las inmediaciones de la estancia Benetton, en Vuelta del Río, donde ocupaba, de manera ilegal, tierras de una empresa multinacional”.

“A las personas detenidas en Vuelta del Río se las liberó porque no hay herramientas para una prisión preventiva por causa de usurpación”, agrega Quintana. 

“El dictamen de la detención de Jones Huala no coincide con lo que sostuvo el juez, quien dictó medidas de alguna manera favorables para el lof de resistencia. No solo liberó a los detenidos sino que además les permitió retornar al predio recuperado y fijar domicilio en el propio territorio”, destacó el periodista, que a su vez es uno de los tantos vecinos espiados por la Agencia Federal de Inteligencia.

Históricamente, los Benetton se dedican a la cría de ganado ovino. En el último tiempo se han abocado a la forestación, a través de subsidios otorgados por el gobierno de Chubut. “La asamblea de vecinos –agrega Quintana– acompañó esta recuperación y defiende cada uno de los procesos de recuperación fundamentalmente debido a que el objetivo de fondo es la defensa de todo el territorio frente al avance extractivo minero-petrolero. En el último tiempo, la multinacional Benetton ha manifestado tener intereses en explotaciones mineras”

Los Benetton cuentan con casi un millón de hectáreas repartidas en la Patagonia. Leleque era un viejo paraje que contaba con una serie de servicios públicos. Allí, la textil italiana fue el principal sponsor del Museo Leleque, donde invirtió 800 mil dólares para exhibir una colección arqueológica de 14.000 piezas en plena estepa patagónica. El museo realiza su propio relato de la historia.

“Tanta tierra en tan pocas manos debería tener algún tipo de resolución –dice Kadomoto–. Los mapuches quieren recuperar su tierra para vivir. El río Chubut, el más importante de la provincia, tiene un recorrido de 700 kilómetros, de los cuales más de 200 están dentro de su propiedad. Ahí no acceden ni los mapuches ni los no mapuches. Se han desviado rutas y trazas completas de las rutas por presión de los Benetton. El pueblo de Maitén no puede crecer porque su ejido urbano está limitado por las tierras de la compañía italiana –sentencia el vecino–. Para Benetton, esto es como que una hormiga haga un hormiguero en su casa. La ocupación es irrisoria. Con las tierras que tiene le alcanza para darle dos hectáreas a cada habitante de la provincia de Chubut para que produzca, en una provincia de 450.000 habitantes”.

Desde hace tiempo, la empresa viene planteando el desalojo de estas comunidades, que fue impedido, entre otras cosas, por un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe los desalojos. “Hay derechos preexistentes de estas comunidades –cierra Kadomoto–. Además, hay varios conflictos respecto de las documentaciones que usaron los Benetton al comprar esas tierras. Hay varias irregularidades de dominios, títulos de propiedad de grandes extensiones y otras que ni siquiera tienen títulos ni registros formales. De todas formas, las comunidades no plantean ni se fijan en quién es el que tiene el título. Esas tierras han sido siempre de ellos” 

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