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La protesta de usuarios y comerciantes por los tarifazos del gas y de la luz avanza en tribunales, con varios fallos que ordenan dejar sin efecto los aumentos. Marchas en el sur y en Rosario. Rechazo al tope del 400 por ciento.

Freno judicial a los aumentos de gas en Bariloche y Santa Cruz, y a los de la electricidad en el distrito de Tres de Febrero. Extensión de la cautelar ya dictada a favor de los usuarios residenciales de Santa Cruz, a los clientes comerciales. Movilizacion en contra del tarifazo en Rosario, y otra convocada para hoy en el Centro Cívico de Bariloche. Rechazo generalizado de los gobernadores patagónicos al “beneficio” del tope del 400 por ciento a los aumentos del gas domiciliario que el lunes dispuso el gobierno nacional para atenuar los reclamos. El clima social y político en torno a la suba de tarifas de los servicios públicos, que llegan al 2000 por ciento, se va caldeando; los sectores afectados, tanto usuarios particulares como comerciantes, empiezan a organizarse para resistir, con acompañamiento de gobernadores, intendentes, sindicatos y cámaras empresariales, mientras que la Justicia se va mostrando cada vez más proclive a atender la demanda de fallos cautelares que detengan el ajuste de tarifas, hasta tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. Tras la reunión del lunes con los gobernadores patagónicos, los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Juan José Aranguren (Energía) insistieron en justificar los megaumentos y en echarle la culpa a la ya desgastada excusa de “la herencia recibida”. “Son temas muy complejos después de más de una década de políticas absolutamente erradas”, se cubrió Frigerio.

El juez federal Gustavo Villanueva hizo lugar al recurso de amparo presentado por el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, en representación de los 55.000 usuarios que recibieron los aumentos en las tarifas del gas. Según informó el propio intendente, el fallo judicial retrotrae las tarifas al 31 de marzo por un plazo de tres meses, y dictó una orden de no corte del suministro. En Bariloche denunciaron que las boletas de gas llegaron con aumentos de hasta el dos mil por ciento.

El amparo al que se hizo lugar en Bariloche, es el primero en la provincia de Río Negro que establece un freno en los aumentos tarifarios en el gas, que se suma a otras medidas adoptadas por jueces de Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Mar del Plata. Además del amparo del municipio, el juez tiene en su despacho otros recursos similares de la Asociación Hotelera y Gastronómica, y del grupo de abogados por la igualdad social que sumó 30.000 firmas de vecinos. Los integrantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Bariloche, grupo autoconvocado que surgió la semana pasada contra los aumentos, informó que pese al amparo y el tope del 400 por ciento anunciado este lunes, se mantiene la convocatoria para hoy a las 11 a una marcha al Centro Cívico.

Al mismo tiempo, ayer la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns dispuso una medida cautelar que frena el aumento de la tarifa de la luz, ante un reclamo presentado por el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero. También ordenó a la distribuidora Edenor que devuelva en las próximas facturas los incrementos que eventualmente haya cobrado al mencionado hospital y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses. En sus considerandos, la jueza señala que la magnitud del incremento “atenta contra todas las reglas de razonabilidad”, y se pregunta retóricamente “por qué no se ha recurrido a un criterio de gradualidad si lo que se pretende es volver a un supuesto equilibrio macroeconómico”. La decisión judicial tomó en cuenta “la inobservancia de la audiencia pública y el riesgo para la actividad de la clínica, la salud y la vida misma de sus afiliados y pacientes”, por lo cual afirmó que amerita “una protección especial no sólo garantizada constitucionalmente sino a nivel de los tratados internacionales de los Derechos Humanos”.

En tanto, la jueza Marta Yáñez, de Santa Cruz, que ya había dictaminado la suspensión temporaria del aumento de la tarifa de gas en dicha provincia sobre los usuarios domiciliarios, hizo lugar ayer al amparo presentado por la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos, unificando la causa, de modo que se amplía el beneficio a todos los medidores de la provincia, sean estos residenciales o comerciales.

En el sur santafesino también hubo repercusiones. La “Multisectorial Contra el Tarifazo”, un bloque integrado por centros comerciales de Rosario, Casilda, Cañada de Gómez y asociaciones civiles, realizó ayer una movilización frente a los Tribunales provinciales para presentar un recurso de amparo ante la Justicia Federal reclamando un nuevo esquema tarifario en los servicios de luz, agua y gas. El recurso de amparo solicita retrotraer el valor de la tarifa de luz a noviembre de 2015 y que no se practiquen nuevos incrementos hasta tanto se estudie la manera de aplicar una metodología justa.

Pese a todas estas reacciones, el gobierno mantiene su postura de justificar los aumentos y echarle la culpa al anterior por los desequilibrios. Aranguren sostuvo que, con estos incrementos, “nuestro objetivo es que haya más energía para mover el aparato productivo, que se judicialice no hará que haya más gas en Argentina”. Y agregó, a modo de advertencia o amenaza, que “lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin suministro y que debamos cortarles a las industrias, o a las estaciones de servicio”, alertando que el país “está trabajando al límite de lo que puede importar”.


Página/12

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