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El Ministerio Público panameño ha anunciado que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una firma de abogados de ese país que prestó servicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo.
En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las “investigaciones respectivas” tras conocer la filtración conocida como “Los Papeles de Panamá”, sin detallar casos específicos.
La filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi 4 décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas “offshore” (opacas) en más de 200 países y territorios.
Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks sobre cables diplomáticos estadounidenses.
Los documentos de la base de datos de la firma Mossack Fonseca revelan la supuesta creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.
Ramón Fonseca Mora, miembro de la firma y ministro asesor de la Presidencia de Panamá, ha asegurado que su compañía no se responsabiliza por las conductas o acciones de sus clientes, y que en los 40 años que tiene, la organización no ha sido acusada en ningún proceso judicial.
El directivo de la compañía recordó que en estas décadas la empresa ha formado más de 240.000 sociedades y que en el 99 % de los casos sus clientes son abogados e intermediarios que revenden estos productos, por lo que desestimó su vinculación con los delitos apuntados por el consorcio de periodistas.
Es curioso el tratamiento del tema en la Argentina, ya que hay personas y empresas vinculadas: cada uno intenta mirar la paja en el ojo ajeno, y es utilizado políticamente para intentar o salpicar o agraviar al adversario ya que, evidentemente, roza o impacta en casi todos los sectores que compiten por el poder.
La lista incluye a 570 argentinos, y la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países.
En la Argentina, trabajaron directamente con el consorcio, porque lo integran, el diario La Nación y Canal 13 (Grupo Clarín). Ambos medios simpatizan con Mauricio Macri y se enfrentaron, en especial desde 2008, con los Kirchner.
Pero sucede que entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. y un documento del 31/03/1998 presenta como directores a Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba 2 años como jefe de Gobierno porteño.
El problema para la Administración Macri es que, justo cuando comenzaría la indagatoria del detenido Ricardo Jaime, para presionar al kirchnerismo en días de fuerte ajuste socioeconómico, le llega una situación complicada, en la prensa global, que la prensa amiga local no le advirtió con cierta anticipación.
En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa.
Sí declaró US$ 158 .000 en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades en Punta del Este), afirma el diario hoy opositor Página/12, que defiende a los Kirchner. ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque no él era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.
Un comunicado del Gobierno Nacional reiteró estos argumentos: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Diversos especialistas advirtieron a Página/12 que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. La secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso (bastante devaluada por recientes desaciertos y por una relación cercana a Daniel Angelici), afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentarios en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de Gobierno.
Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.
El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen, ex funcionario K, aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca. Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias… En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”.

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