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En votación unánime la Cámara de Diputados aprobó ayer los cambios en la ley que regula la obra social Seros, que a partir de recaudar medio punto más de los haberes de la administración pública, ahora dará cobertura a todos los cónyuges varones que no cuentan con cobertura de salud.

 Se llegó a un acuerdo para que ese monto extra salga en partes iguales de los empleados y del Estado, y los legisladores festejaron la decisión como una «reivindicación histórica».

Fue una extensa sesión de más de 4 horas que comenzó a las 16 y terminó a las 20.30, con la ausencia de los legisladores Di Perna, Sotomayor, Willhuber, Gómez y Crespo. Hubo presencia en las barras, como los pescadores artesanales que reclaman permisos al Gobierno, tema que generó un áspero debate entre el FPV y el bloque dasnevista.

También estuvo presente el intendente de Dolavon, Martín Bortagaray, quien a través de una nota pidió la intervención de la Cámara ante el Gobierno para solucionar la crisis que vive la Cooperativa Eléctrica de la localidad del Valle. Luego de un intenso cruce de acusaciones sobre responsabilidades, se anunció que hoy habrá un encuentro para buscar destrabar el conflicto que ya lleva 8 meses.

Pero sin dudas, el tema más trascendente, que motivó la presencia también del presidente del ISSyS, Carlos Mantegna, fue el de Seros, fundamentado por la diputada Mónica Gallego (FPV), quien expresó su «satisfacción por llegar a esta instancia de tratar este proyecto que tiene por objeto revertir una situación de inequidad social; hablamos de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Hoy sólo se permite adherir al hombre cuando tiene incapacidad laboral, o ser afiliado indirecto con un aporte adicional, que implica desembolso adicional».

Esta ley «provoca situaciones legales injustas y anacrónicas, porque fue sancionada en 1976 con mayoría de afiliados varones», dijo Gallego, y sostuvo que «esta ley ignora el régimen del matrimonio igualitario, y vulnera el principio de igualdad jurídica. Debemos entender que se priva a muchas personas de una tutela médica efectiva, yendo en contra del marco normativo constitucional».

Explicó que «hubiese sido fácil permitir la incorporación de cónyuges sin restricción, pero debíamos prever el impacto económico en la institución. Actualmente el total de afiliados es de 130 mil, y en el régimen actual hay 2.166 concubinos que aportan el 8% y 320 cónyuges varones que aportan el 10,5 %».

Pero insistió en que desde ahora «todos los afiliados pasarán a aportar el 4,25 %, y se podrían incorporar 2.500 cónyuges que no posean obra social, la mayoría entre 50 y 64 años, por unos 3,6 millones, y se debe contemplar el importe que la obra social va a dejar de percibir, que ronda unos 2 millones».

«Hoy el afiliado aporta 4% y el empleador 6,5%; consideramos que al aplicar esto es justo incrementar 0,25% del afiliado y de la patronal, que no afecta a quienes tienen salario medio y beneficia a muchos de menores recursos. Hubo otras iniciativas en el pasado, pero faltó voluntad política, lo que ha cambiado en el actual Ejecutivo y en esta Cámara. Y así estamos realizando una reivindicación histórica, poniendo fin a un hecho de discriminación de género y derechos humanos», concluyó.

OTROS TEMAS

El primer punto tratado ayer fue la transferencia de todos los cargos de profesionales de ex Copace al Ministerio de Educación, aplaudido por el personal beneficiado en las barras. Argentina Martínez explicó que «trabajaban adscriptos o en otras dependencias, y nació esta idea por la necesidad planteada por estos profesionales gracias a Casa Abierta, y es volver a su lugar de origen».

Esto generó una polémica, ya que dijo Adolfo Maiñanco, del interbloque, que «esto no nace en Casa Abierta, el proyecto está hace rato, pero se nos dice que no hay plata, voy a disentir». Y se sumó Exequiel Villagra, quien destacó que «aquí participaron todos los bloques, no debemos mezclar la politiquería en estas cosas; cuando pretendemos aprobar una ley tan relevante, no podemos dedicar un párrafo a una estrategia electoral del Gobierno que busca sacar votos».

En la Hora de Preferencia, el radical Roberto Risso volvió a embestir duramente contra el ministro de Ambiente, José María Musmeci, a quien volvió a pedir la renuncia por su falta de acción en el derrame de Puerto Madryn. Dijo que carece de facultades morales y técnicas para el cargo, y que si no lo echan «voy a sospechar que está bancado económicamente por una empresa».


El Chubut

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